,

Aborto (o de perchas de las que no cuelga ropa y perejil que no se usa en salsas)

Por Amalia Arias Gozurreta*

 

En Argentina, se estima que se realizan al menos 460 mil abortos inducidos al año, lo que se traduce en aproximadamente 52 por hora o 0,86 por minuto. Este artículo tiene como tiempo estimado de lectura 7 minutos. Durante su lectura van a ocurrir aproximadamente 6 interrupciones clandestinas y voluntarias de embarazos.

 

Históricamente, en los países donde el aborto es legal, los debates que lograron ese derecho todavía son recordados, porque fueron movilizadores para todos los estratos de la sociedad.  Es sumamente difícil abarcar todos los aspectos en una sola nota, porque el debate tiene tantas aristas como participantes. Sin embargo, la mejor fuente de información que tenemos son los números, que no tienen opinión personal sobre lo que las mujeres hacen con sus cuerpos.

Nuestro vecino Uruguay es el país con la tasa de mortalidad materna más baja de Latinoamérica y el segundo en todo América luego de Canadá. El aborto en Uruguay pasó de causar el 37.5% de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo en 8,1% en 2011-2015, con una marca excepcional en el periodo 2014-2016 de 0 muertes vinculadas a interrupciones voluntarias de embarazos. Estos indicadores se repiten en todos los países donde el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazos es legal e irrestricto.

En Argentina, en cambio, ni siquiera tenemos números confiables. Oficialmente se estiman 100 muertes por año a causa de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas coinciden en que este es un subregistro de la mortalidad por gestación y que, en realidad, muere aproximadamente una mujer cada dos días. La única información certera que hay es que los abortos clandestinos son la primera causa de mortalidad materna, por encima de los casos de sepsis o casos de hipertensión durante los embarazos. Esta estimación se realiza en base a la cantidad de mujeres que llegan a las guardias con abortos (espontáneos o no) en curso, sumado a los pocos datos que hay de asociaciones y observatorios del tema. El número oficial se ha mantenido desde la vuelta a la democracia, es decir que desde 1983 hasta ahora no ha sido modificado e implica que no hay investigaciones del gobierno que puedan arrojar cifras más reales sobre el impacto de la ilegalidad del aborto ni interés en obtenerlas.

Los números indican que la penalización del aborto por sí misma no impide que ocurra en la clandestinidad, de hecho la despenalización del aborto en Uruguay logró que este país tenga una de las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo (9 cada 1000 mujeres, mientras que en Europa Occidental se reportan entre 12 y 14 cada 1000 mujeres). Esto está directamente relacionado a que además de la despenalización, a las políticas de planificación familiar y educativas se les da un lugar central.

Aún en la ilegalidad, las interrupciones voluntarias de embarazos ocurren y de las formas más diversas posibles, desde clínicas en las que ingresan a la paciente con otro diagnóstico, hasta curanderas de barrio con perejiles y otras maniobras por demás riesgosas. Aquí la desigualdad social y económica se hace evidente. Las mujeres de altos ingresos pueden pagar un aborto sin riesgos en una clínica de las que aparecen en las cartillas de las prepagas top, al mismo tiempo que otra mujer de clase baja se somete a un procedimiento digno de película de terror, en consultorios con condiciones de higiene deplorables o en su misma casa, en situaciones que le pueden causar infecciones con consecuencias graves, poniendo en riesgo su salud, su posibilidad futura de tener hijos deseados e incluso su vida. Un sondeo de 2001 de Graciela Römer y Asociados muestra que 20 de cada 100 mujeres pobres que abortan lo hacen con un médico; una proporción que trepa a 60 de cada 100 en la clase media, y al 83 por ciento en el sector de mayores recursos.

Mientras que el Estado niega la discusión real del tema y solamente esgrime motivos morales, la legalidad del aborto es una demanda activa, presente en las agendas de los distintos grupos feministas y que todos los años se hace presente en las calles.

Uno de los principales obstáculos para dar la discusión es la Iglesia Católica, todavía muy involucrada en la vida política del país, junto a instituciones propias como el Opus Dei; Iglesias de otros credos; y un grupo bastante sorpresivo del que se habla poco: toco-ginecólogos y obstetras. Por ejemplo, en octubre de 2016 la Provincia de Buenos Aires dió marcha atrás al protocolo de Abortos No Punibles alegando que la provincia ya tenía su propio protocolo. Curiosamente, el Opus Dei lo publicó luego en su propia página web como un logro propio.

Si bien fueron muchísimos los profesionales que en su debido momento presentaron su objeción de conciencia para practicar abortos dentro del protocolo de Aborto no punible e incluso se organizaron en ONGs y campañas activas para lograr el mayor número de adhesiones posibles a su negativa, lo llamativo es que la industria del aborto clandestino involucró $1000 millones en 2010, que fueron directo a médicos, laboratorios y farmacias. Mientras tanto, en 2015 se invirtieron $72.730.000 (el 7%) en métodos anticonceptivos dentro del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, programa que al día de hoy no tiene garantía de continuidad, porque si bien el Gobierno asegura que los medicamentos y preservativos se van a seguir distribuyendo a pesar de los recortes, no hace lo mismo sobre el acompañamiento de los profesionales en el correcto uso de las distintas opciones anticonceptivas.

En este tema (como en casi todos) lo más importante es la educación desde la adolescencia, pero el Programa de Educación Sexual Integral también ha sido implementada de distintas maneras en las provincias, ya que algunas de las comunidades más conservadoras se han negado a impartir total o parcialmente los conocimientos, así como muchos colegios al día de hoy siguen sin tocar el tema o enseñan contenidos confusos y mezclados con sus creencias.

Muchos médicos indican por lo bajo que, aún en los casos contemplados dentro del protocolo del Aborto No Punible, prefieren no practicar el procedimiento por miedo a luego tener problemas legales: como todavía no hay una aplicación uniforme de la Ley a nivel nacional y como dicha Ley ha sido parte de las rencillas partidarias del presente gobierno y el anterior, con idas y vueltas en su aplicación, quienes practiquen abortos contemplados en el protocolo temen el día de mañana enfrentar problemas legales. Además, también indican que quienes realizan la práctica (cumpliendo con la ley) y quienes se muestran a favor de la legalización total del aborto terminan siendo estigmatizados y etiquetados por sus propios colegas.

Según una investigación del diario La Nación de 2016, en Capital Federal un aborto quirúrgico sale entre $8.000 y $15.000, aunque es vox populi que el costo varía de acuerdo a la supuesta capacidad adquisitiva de la paciente y de lo avanzado que esté el embarazo. En el interior del país los precios son más altos.

Otra forma de producir un aborto es usando Misoprostol, una droga recetada para los dolores reumáticos que tiene como efecto secundario contracciones uterinas y que está avalada por la OMS como el método de interrupción de embarazos de preferencia en países donde todavía no es legal, cuesta alrededor de $1500 en farmacias si la venta es con receta. Hay casos de mujeres que pagaron hasta $4000 un blister por carecer de firma médica y de personas que en la desesperación compran pastillas de dudosa procedencia vía Internet, y muchas veces resultan estafadas. En este caso el Ministerio de Salud tampoco tiene información de cuántas pastillas se venden y el laboratorio que lo produce se niega a brindar dicha información, cuando debería ser de público conocimiento e interés.

La ilegalidad del procedimiento lo vuelve algo lucrativo. De ser legal y cubierto por obras sociales y prepagas, perdería ese aspecto tan valioso para algunos. Además, dejaría de exponer a las mujeres a maltratos y a situaciones denigrantes de las que hoy no pueden defenderse ni denunciar a los profesionales. Ellos tienen el poder mientras que ellas podrían ir presas.

En este punto se torna claro que los cuerpos de las mujeres son siempre un campo de batalla de la política. Cuerpos sobre los que otros pueden legislar, disponer, decidir y penalizar de acuerdo a sus creencias e intereses económicos, sin tener en cuenta que esos cuerpos además son personas.

 

 

Si querés más información sobre los números del aborto en el mundo, no te pierdas este video de Fabricio Ballarini.

 

*Con la colaboración del equipo de Economía Femini(s)ta, especialmente Mayra Zak y Candelaria Botto.

1 comentario

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *