Bienvenida al mundo del trabajo remunerado

Por Florencia Merino – Economista (UBA)

Al observar la historia de la participación de las mujeres argentinas en el mundo del trabajo remunerado, los datos muestran que la decisión de cambiar el estilo de vida responde fuertemente al ciclo económico. Las mujeres, al percibir un entramado productivo roto consecuencia de escenarios económicos críticos, sintieron la exigencia de ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de contraprestación monetaria.  No sólo la composición del mercado laboral cambió, sino también el rol social de la mujer se redefinió.

Hacia finales del S.XIX, la tasa de actividad femenina(1)  fue de casi 55% en Buenos Aires(2) , porcentaje que no se observaría nuevamente en más de un siglo después. La actividad rural demandaba el trabajo de todos los miembros de la familia –niños y mujeres incluidos. Las nuevas técnicas revolucionaron el sector agrícola, lo que permitió mejorar la productividad y a la vez expulsar mano de obra campesina hacia las urbes. La metamorfosis de la estructura económica reorganizó la dinámica familiar y la tasa de actividad femenina cayó. Así, a mediados del siglo anterior, la tasa de actividad femenina tocó un piso de apenas por encima del 20%.

A partir de 1945, la inflación se aceleró notablemente hasta lograr tasas de dos dígitos, algo que no se observaba desde 1918. Éste fenómeno resultó un punto de quiebre en la evolución de la participación femenina en el mercado laboral. Los precios escalaron a tasas más altas a partir de mediados de los ’70 y la situación colapsó para finales de la década del 80 con el estallido de la hiperinflación. En paralelo, la tasa de actividad femenina creció de manera sostenida, subordinada a una estrategia familiar que se basó en complementar la insuficiencia del ingreso que proveía el “jefe del hogar”.

Durante la década del 90, aunque la inflación amainó tras la implementación de la Ley de Convertibilidad, la participación de las mujeres trabajadoras no retrocedió. El mercado de trabajo experimentó mala salud: el desempleo y la informalidad se elevaron. Al acercarse a los dos mil, la proporción de desempleados rozó el 20% del total de participantes del mercado laboral. La familia, al percibir destrucción del entramado productivo y de los consensos sociales, reordenó sus expectativas de acuerdo a las nuevas posibilidades de trabajo. La mujer se convirtió en un amortiguador de la crisis en la economía doméstica o hasta incluso funcionó como una base de sustento completo.

Según datos del censo de 2001 y con la crisis asomándose, la proporción de mujeres empleadas logró alcanzar el 48%. Una década después, el último censo reveló que el porcentaje ascendió hasta casi 59%. Si bien la economía repuntó antes del 2010, éstas mujeres quedaron inmersas en la nueva organización social, hasta quizás olvidando las causas de cómo se llegó a esa dinámica. Pese a que fue la urgencia y la necesidad lo que motivó en principio a que muchas mujeres argentinas busquen empleo remunerado, permitió a la vez acceder a una oportunidad que previamente no existía.

Otros factores importantes desdibujaron la división de roles en la que el varón trabaja por dinero y la mujer, en su casa, por amor. A principios de 1960, la aparición de la píldora anticonceptiva permitió bajar paulatinamente la tasa de natalidad y, en simultáneo, liberar fuerza de trabajo femenina para ser ofrecida(3). En tanto, desde que en 1987 la ley dispuso la posibilidad del divorcio sin el consentimiento del otro, muchas mujeres necesitaron acceder a un trabajo remunerado. Otro fenómeno que reforzó la aceleración de la participación laboral femenina fue que cada vez más mujeres se educaron y proyectaron su vida específicamente para trabajar(4).

¿Por qué esas mujeres tuvieron que esperar a una situación tan crítica para hacer cosas que mayormente hacían los varones, como es trabajar fuera de casa y recibir un salario por ello? ¿Se sintieron obligadas a hacerlo? ¿Quisieron hacerlo igualmente y no pudieron? ¿Se hubieran incorporado si la economía no hubiera tambaleado? No hay contrafáctico para responder estas inquietudes.

 

 

(1) Entendida como la proporción de la población económicamente activa (PEA) respecto a la población total.

(2) Se utiliza GBA como variable de control o parámetro, representando la dinámica y tendencia del país por concentrar la mayor densidad de población en el período estudiado (1895-2010). Sin embargo se advierte la heterogeneidad de datos respecto al resto de las provincias como así también la existencia de rezagos temporales con las mismas.  El resto del país sigue la misma evolución, aunque con un rezago temporal de aproximadamente 10 a 15 años según el grado de desarrollo de la región.

(3) De acuerdo a la Teoría de la Transición Demográfica, las poblaciones crecerán cada vez menos -debido a que la natalidad caerá- pero serán más longevas.  Los avances en salud -como la píldora anticonceptiva- e higiene, las innovaciones tecnológicas y la agilización del transporte modernizan la sociedad. Un nuevo orden demográfico emerge que, a su vez, propone cambios en la estructura económica.

(4) Tal fenómeno no resulta homogéneo en el país: se observa en los centros urbanos más importantes en detrimento de las regiones de menor desarrollo relativo -como en el NOA y NEA.

 

Podes escribirle a la autora a  flor.merino@live.com

 

Bibliografía:

  • ¿Brechas que se cierran? Aumento y desaceleración de la participación laboral femenina en América Latina. CEDLAS. Gasparini, Leonardo; Marchionni, Mariana.
  • Dos siglos de economía argentina. Edición Bicentenario, 2010. Fundación Norte y Sur.  Ferreres, Orlando J.
  • Un estudio acerca del comportamiento demográfico en el NOA, 2017. Martinez, G. Ricardo; Merino, M. Florencia

Deprimidas y abandonadas. Es hora de hablar de nuestra salud mental.

Por Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé*

 

 

El tema prioritario elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este 7 de abril, Día Mundial de la Salud 2017, es la depresión. La depresión es un trastorno mental que afecta en todos los países a personas de todas las edades, condiciones sociales y profesiones. Este trastorno es actualmente la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Sólo en la Región de las Américas se estima que afecta a cerca de 50 millones de personas (el 5% de la población). En el mundo, más de 300 millones de personas viven con depresión –cifra que tuvo un aumento de más del 18% entre 2005 y 2015.

La depresión es una enfermedad que se caracteriza principalmente por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades de las que normalmente se disfruta. No sólo genera malestar emocional, sino que también repercute en la capacidad de las personas de llevar a cabo tareas cotidianas. Además, como muchos otros trastornos similares, posee un fuerte impacto negativo en las relaciones personales con familiares, amistades y colegas. Las personas que la sufren a menudo cargan también con el estigma social de padecer un trastorno mental. En otros casos, se minimiza esta condición de salud reduciéndola equivocadamente a la simple “falta de voluntad” para lograr “estar bien”. La falta de apoyo a las personas con trastornos mentales, junto con el miedo al estigma social, impiden que muchos/as accedan al tratamiento que necesitan para vivir vidas saludables y productivas (incluso en los países de altos ingresos, casi la mitad de las personas con depresión no reciben tratamiento).   

 

La depresión también es una cuestión de género

Como muchos otros problemas de salud, la depresión afecta de manera diferente a mujeres y a varones. El género determina el impacto que los condicionantes socioeconómicos poseen sobre la salud de varones y mujeres, así como también su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos en relación con la salud mental.

En primer lugar, la depresión es más común en las mujeres que en los varones. En 2010 su prevalencia global anual fue de 5,5% y 3,2% respectivamente, lo que representa una incidencia 1.7 veces mayor en las mujeres. Además, los trastornos depresivos representan cerca del 41,9% de la discapacidad por trastornos neuropsiquiátricos en las mujeres, en comparación con el 29,3% entre los hombres. Estas cifras responden a diferencias en los factores socioeconómicos, acceso a la educación y violencia contra las mujeres, pero también a factores biológicos propios de los cuerpos femeninos.

Las experiencias de vida de las mujeres las predisponen a mayor riesgo de sufrir de depresión ya que esta condición está fuertemente relacionada con los factores de riesgo interconectados y las experiencias y eventos negativos sufridos a lo largo de la vida (como la violencia de género, la pobreza, la desnutrición, la desigualdad de ingresos, el estatus social bajo y subordinado al de los varones y la responsabilidad constante de estar al cuidado de los demás). Existe una relación reconocida entre la frecuencia y gravedad de estos hechos y la frecuencia y gravedad de los problemas de salud mental en las mujeres.  

En segundo lugar, el sesgo de género en salud hace que -en lo relacionado con trastornos psicológicos- los/as profesionales de la salud sean más propensos/as a diagnosticar la depresión en las mujeres en comparación con los hombres, incluso cuando tienen puntuaciones similares en las medidas estandarizadas de la depresión o presentan síntomas idénticos, haciendo que reciban en mayor medida tratamientos con psicotrópicos (cosa que, veremos más adelante, presenta varios problemas). Lo paradójico es que, al mismo tiempo, muchas mujeres nunca son correctamente diagnosticadas ya que muchos de los síntomas que refieren son tomados como “problemas emocionales” relacionados con su condición de mujer e ignorados por muchos/as profesionales.

En tercer lugar, en muchos países del mundo la comunicación entre las mujeres y los profesionales de la salud (especialmente si se trata de médicos o enfermeros varones) es en extremo difícil. Las desigualdades de género dificultan que las mujeres sientan temor de mencionar que sufren una aflicción psicológica ya que no haría más que reforzar el estigma sufrido por ser mujer.

En cuarto lugar, las mujeres tienen una mayor predisposición genética que los varones a sufrir de depresión. Sumado a cuestiones hormonales, especialmente durante el embarazo, parto y en la menopausia, existe un mayor riesgo de desarrollar el trastorno.

 

Las mujeres y los antidepresivos

Las mujeres están subrepresentadas en los ensayos e investigaciones clínicas de drogas para tratar la depresión. Teniendo en cuenta que las diferencias biológicas entre las mujeres y los varones afectan la salud de diferente manera, esta disparidad influye también en los efectos que las drogas contra la depresión tienen sobre sus cuerpos. Los varones y las mujeres pueden diferir en su respuesta a los medicamentos por varias razones: diferencias en la farmacocinética, la farmacodinámica, los efectos del ciclo menstrual y los efectos de tomarlos junto con anticonceptivos orales. Si bien en los últimos años muchos estudios sobre tratamientos para la depresión incluyen mujeres entre sus participantes, no se examinan los resultados por género. Entender cómo las mujeres difieren de los varones en respuesta al tratamiento es fundamental para mejorar la eficacia del tratamiento.

Al tiempo que aumenta el porcentaje de personas con depresión en el mundo, aumenta también el porcentaje de mujeres embarazadas que consumen antidepresivos. Es claro que el beneficio de cualquier medicamento tomado durante el embarazo debe superar el riesgo, sin embargo, con la falta de buenos datos para evaluar el costo beneficio, muchas mujeres a menudo se ven obligadas a tomar una decisión que podría ser perjudicial para ellas o para el feto (el caso del antidepresivo Paxil es un ejemplo de esto: aprobado en 1992, recién en 2005 se emitió una advertencia de que estaba asociado con defectos de nacimiento en los fetos).

 

Las voces de las mujeres que sufren de depresión posparto son a menudo silenciosas

La depresión posparto es tan frecuente como desconocida: afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz y pocas hablan de ello. Se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. Además de los síntomas comunes a la depresión, la depresión posparto también puede manifestarse como un profundo sentimiento de agobio, falta de lazos afectivos con el/la bebé, llanto persistente sin motivo aparente y dudas sobre la capacidad de cuidar de una misma y del/la  bebé.

Las mujeres no hablan de este tema por varios factores, principalmente por desconocimiento. Al ser la depresión posparto una condición tabú, muchas puérperas al enfrentarse con sus síntomas se culpabilizan por no sentirse felices y bien en un momento en el cual creen que deberían hacerlo. Este miedo de “ser malas madres” o de lo que los demás puedan pensar sobre ellas hace que callen lo que les sucede, lo cual no permite que se detecte el trastorno.

Las mujeres con depresión posparto tienden a sufrir los síntomas durante bastante tiempo antes de reconocerlos como tales y buscar ayuda. Incluso muchas nunca lo logran ni reciben la ayuda necesaria, sosteniendo la esperanza de que los síntomas se disipen con el tiempo. Muchas eligen sufrir solas, incapaces de hablar con sus amigas, pareja u obstetra sobre lo que está sucediendo por miedo a ser hospitalizadas o separadas de su bebé. A menudo luchan con esta decisión, sabiendo que al no buscar ayuda se ponen a sí mismas ya su nuevo bebé en peligro. Sin embargo, el miedo a romper el silencio es más fuerte.

De lo que tampoco se habla es de que sin tratamiento, la depresión posparto puede durar mesdees o incluso años y puede afectar tanto la salud de la mujer como la del recién nacido. Además, aumenta el riesgo de suicidio. Es importante saber que no hay que culpabilizarse, que le sucede a muchas mujeres y que puede tratarse con ayuda profesional (incluso hay medicamentos seguros durante la lactancia materna para mejorar esta condición).

 

 

La necesidad de invertir en salud mental

Un factor más a tener en cuenta, además de todo lo expuesto, es la inversión en salud mental. En muchos países esta inversión es o bien nula o bien escasa: en promedio, sólo el 3% de los presupuestos de salud los países a nivel global se destina a salud mental. En los países con ingresos más altos, el promedio de inversión es de un 5%, y sin embargo casi el 50% de las personas con depresión no reciben tratamiento. En los países de menores ingresos, el presupuesto destinado a salud mental es del 1% o menor en promedio.

Invertir en salud mental beneficia el desarrollo económico de los individuos, las empresas y los estados, mientras que la desinversión es costosa. Según se ha podido calcular, cada dólar que se invierte en la ampliación del tratamiento para depresión y trastornos asociados como la ansiedad, tiene una retribución de 4 dólares gracias a mejoras en la salud y, concomitantemente, la mejora en la capacidad de trabajo. Por el contrario, sobre 36 países entre 2016 a 2030, la falta de inversión y ampliación de acceso a la atención de la depresión y la ansiedad dieron como resultado una pérdida económica global de un billón de dólares por cada año. Las personas pierden financieramente cuando no pueden trabajar y los/as empleadores/as sufren pérdidas cuando sus empleados/as son incapaces de trabajar o bajan su nivel de producción.

En las Américas, casi 7 de cada 10 personas con depresión no reciben el tratamiento que necesitan. Desde la OPS/OMS Dévora Kestel (jefa de la Unidad de Salud Mental y Abuso de Sustancias) dijo: “Debemos actuar ahora para cerrar la brecha que separa a las personas con trastornos mentales de los servicios de salud que necesitan”.
* Danila Suárez Tomé es doctoranda en Filosofía y Laura Belli es doctora en Filosofía.

La atípica familia tipo

Por Mercedes D’Alessandro en la columna “Brotes rosas. Sembrando ideas para una sociedad igualitaria”

Los supersónicos, serie animada futurista de los sesenta, presentaba cada capítulo con una introducción que, vista desde hoy, ha quedado como un estereotipo de museo. El papá maneja un auto volador y eyecta con un botón a cada hijo (nena y nene) hacia la escuela; luego, saca la billetera, le extiende la mano con dólares a su esposa, quien los esquiva para agarrar la billetera completa y salir volando en su cápsula transparente al shopping. El papá supersónico continúa el viaje hasta llegar a su trabajo, el auto se convierte en maletín y una cinta transportadora lo deposita sonriente en su silla de la oficina espacial. De este futuro imaginario solo nos queda la promesa de autos inteligentes de Tesla; todo el resto ha cambiado radicalmente.

Un estudio de Heather Boushey (2016) muestra que en 1960, en los Estados Unidos, el 65% de los niños menores de 15 años vivía en una familia supersónica con padres casados en la que el papá trabajaba y la mamá era ama de casa; sólo el 18% tenía padres casados y ambos trabajando fuera del hogar. Uno de cada 350 niños vivía con una madre soltera. En cincuenta años esta imagen se transformó: hoy sólo el 22% de estos niños estadounidenses viven en una familia en la que el padre es quien sale a ganarse el pan y la madre es ama de casa full time. Un cuarto de ellos viven sólo con su mamá (la mitad, además, son madres solteras). Un tercio de esos niños tienen padres casados y que trabajan ambos fuera del hogar. Es muy difícil hablar de una familia típica en el sentido de los 60.

A su vez, los hogares con jefa de hogar también tienen una brecha de ingreso con respecto a los que tienen jefatura masculina. Se estima que los ingresos de esos hogares rondan sólo entre el 71 y el 82% de los últimos. El conurbano de Buenos Aires es en donde más hogares a cargo de mujeres hay, alcanzando el 48% del total. Y es entre estas familias en donde más impacta la pobreza. No sólo porque hay un único ingreso, sino porque además las mujeres con hijos tienen dificultades para conseguir trabajos full time y bien remunerados. El cuidado de niños y ancianos y las tareas del hogar demandan gran parte de su jornada.

Otros obstáculos que enfrentan todas estas mujeres son estructuras laborales y un Estado que aún conciben a las familias de acuerdo con el modelo supersónico.

La salud de las mujeres en el mundo

Por Laura F Belli*

 

 

Ser mujer no sólo incide en nuestra economía, los puestos a los que podemos acceder o en nuestras responsabilidades familiares, también tiene un impacto significativo en nuestra salud. Como resultado de diferencias tanto biológicas como relacionadas con el género, la salud de mujeres y niñas es para la Organización Mundial de la Salud (OMS) un motivo de preocupación prioritario.

Mujeres y varones afrontan muchos problemas de salud semejantes, pero algunas diferencias son de tal magnitud que la salud de las primeras se ve más afectada. Hay situaciones que son exclusivamente femeninas y solo las mujeres experimentan sus repercusiones negativas (como el embarazo y el parto) y hay otros problemas afectan tanto a varones como a mujeres, pero tienen un efecto mayor o diferente en nosotras (como el caso del VIH) que requieren de respuestas adaptadas específicamente a nuestras necesidades. Las desigualdades de género, en materia de educación, ingresos y empleo, limitan el acceso a los cuidados en salud.

Si bien las mujeres solemos vivir más años (73,8 años para las mujeres y 69,1 años para los varones aproximadamente), eso no asegura que tengamos una buena calidad de vida. Además, en la mayoría de las regiones del mundo, especialmente en los países en desarrollo, nos vemos perjudicadas por la discriminación de género basada en factores socioculturales. Si bien en los últimos decenios, en relación con la atención médica a mujeres, se han logrado ciertos progresos (la mortalidad materna a escala global cayó casi un 44% por ciento desde 1990) la desigualdad sigue impactando en la atención en salud: en 2015, la tasa de mortalidad materna (MMR) -el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos- se estimó en 216 a nivel mundial (más del 40% de los nacimientos en África y en el Sudeste Asiática no fueron atendidos por personal sanitario capacitado). En Argentina es de 52 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Casi todas estas muertes ocurrieron en entornos de bajos recursos y podrían haberse evitado .  

La problemas en el acceso a salud sexual y reproductiva son los más profundos: 44 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años han tenido al menos un embarazo. Este número es cinco veces mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos altos (en 2014 más de 700 millones de mujeres fueron casadas antes de los 18 años de edad; de ellas, cerca de 250 millones antes de los 15 años).

Si bien se han registrado avances en la Región de las Américas y en todo el mundo en relación con la salud de mujeres, esa transición ha sido lenta y compleja. La falta de datos desglosados sobre salud sigue ocultando disparidades en ámbitos como los de las muertes provocadas por abortos (especialmente en los países en que  la práctica no es es legal), enfermedades cardiovasculares, diabetes y accidentes de tránsito.  

 

Las mujeres tenemos mayores gastos de salud que los hombres

Las mujeres consumimos más servicios de salud que los varones. Sin embargo, esto no constituye necesariamente un privilegio. Tiene que ver con diferentes tipos de necesidades de atención, diferencias con respecto al reconocimiento de los síntomas, percepción de
la enfermedad y conducta de búsqueda de atención (el ejercicio del rol de “cuidadoras” de la salud hacen que aprendamos a detectar síntomas de enfermedad y sepamos manejarnos mejor que los varones en relación con los procesos formales o informales de cuidado de la salud).

Las mujeres tenemos una necesidad mayor de hacer uso de servicios de salud dado que las funciones reproductivas generan un conjunto de necesidades particulares de atención (desde anticoncepción hasta embarazo, pasando por parto y puerperio y llegando a la menopausia). Además, en comparación con los varones tenemos tasas más altas de morbilidad y discapacidad a lo largo de la vida y, dado que también nuestra expectativa de vida es más alta, tenemos mayores probabilidades de sufrir enfermedades crónicas asociadas con la edad.

Como puede verse con claridad, la salud no es un asunto privado sino público, es un aspecto central para el desarrollo de un país. El estado de salud de la población de un país o una región no depende exclusivamente del modelo de prevención y atención de enfermedades o de las oportunidades de acceso a los servicios médicos. Existen otros factores que poseen una gran incidencia sobre el estado de salud de la población como la condición de género, el acceso a la educación, las oportunidades de empleo decente y la distribución del ingreso. Por nuestro mayor nivel de necesidad, como grupo social, consumimos más servicios y debemos pagar más que los hombres para mantener nuestra salud. Esta desigualdad se profundiza al considerar la menor capacidad económica que, también como grupo, tenemos frente a los varones.

La economía influye directamente en la calidad de los cuidados de salud. A pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado a nivel mundial en materia de educación de las niñas, aún persiste una gran diferencia entre ambos sexos por lo que respecta a la educación superior, el acceso al empleo y la igualdad de paga. A nivel mundial las mujeres estamos menos protegidas en los lugares de trabajo y gozamos de menos beneficios que los varones. Además, en mayor medida que ellos, las condiciones de trabajo son más precarizadas y ponen en riesgo nuestra salud y seguridad. Por causa de estas desigualdades (por ser más pobres, sufrir el desempleo en mayor medida, acceder sólo a trabajos de medio tiempo o en el sector informal) no tenemos el mismo nivel de acceso a prestaciones sanitarias. Es por ello que eliminar la brecha salarial es un factor clave para poder mejorar la salud de todas las mujeres del mundo.

En la región de las Américas la participación de las mujeres en el mercado laboral es de 53% en las zonas urbanas, frente a un 77% en el caso de los varones. Además, el 79% de las mujeres con empleo trabajan en los sectores de baja productividad o informales, donde el  acceso a la protección social es bajo o inexistente.Sumado a eso, las mujeres realizamos entre el 71% y el 86% del total del trabajo no remunerado, lo cual limita nuestras oportunidades de formar parte del sector formal de la economía y de tener mejores sueldos, con prestaciones como la jubilación y el seguro de salud. El número de mujeres empleadas es menor al de los varones, pero trabajamos más horas y recibimos menor paga.

No deja de resultar paradójico, sin embargo, que los mismos sistemas de salud que con frecuencia desatienden nuestras necesidades, en gran medida se sostienen gracias a que las mujeres cumplimos la función de cuidadoras principales de nuestras familias (sin recibir apoyo, reconocimiento ni remuneración) y como prestadoras de asistencia sanitaria tanto en el sector informal como en el formal. Y si bien constituímos  la columna vertebral del sistema sanitario, pocas veces ocupamos puestos de decisión: de las ocho personas que han ejercido el cargo de dirección de la Organización Mundial de la Salud, sólo dos han sido mujeres (Gro Harlem Brundtland de 1998 a 2003 y la actual directora general, Margaret Chan). A nivel regional el panorama se replica: sólo las últimas dos directoras de la Organización panamericana de la Salud son mujeres (Mirta Roses Periago y la actual directora Carissa F. Etienne).

Si bien los problemas de salud que afrontamos las mujeres muestran rasgos comunes en todo el mundo, se pueden observar variaciones determinadas según las diferentes condiciones de vida. En los países de ingresos elevados la expectativa de vida es mayor y se presenta menor morbi-mortalidad que en los países de ingresos bajos (además la mayor parte de las muertes en los primeros países son de mujeres de más de 60 años, mientras que en los países más pobres la mayoría de las defunciones de mujeres corresponden a adolescentes y adultas jóvenes).

 

La necesidad de equidad de género en salud

La consideración de los factores de género es absolutamente relevante en el análisis de la igualdad en el acceso a los servicios de salud. La equidad de género en salud no se traduce en tasas simétricas de mortalidad y morbilidad en mujeres y varones, sino que apunta a la eliminación de la desigualdad en las oportunidades de acceso a la salud y a evitar enfermedades, discapacidades o muertes de mujeres por causas prevenibles.

No alcanza con ofrecer iguales recursos y servicios para varones y mujeres: debemos exigir que se preste atención a nuestras necesidades particulares como mujeres y de acuerdo a cada contexto socioeconómico. Desde una perspectiva de género, el eje del análisis de la atención de la salud debe estar puesto en el impacto de la división por sexo del trabajo y el acceso a empleos y calidad de vida que posibilitan el pago de servicios salud o la participación en seguros de salud públicos o privados.

Si se quiere mejorar la salud de las mujeres en las mujeres en todo el mundo es importante identificar desigualdades de género en el acceso a los servicios de salud y su financiamiento, no perder de vista la relación entre estas desigualdades y otros factores socioeconómicos y evaluar examinar la relación entre estas desigualdades y las diferentes modalidades de la atención en salud.

* Bioeticista – Doctora en filosofía (UBA)

Aborto (o de perchas de las que no cuelga ropa y perejil que no se usa en salsas)

Por Amalia Arias Gozurreta*

 

En Argentina, se estima que se realizan al menos 460 mil abortos inducidos al año, lo que se traduce en aproximadamente 52 por hora o 0,86 por minuto. Este artículo tiene como tiempo estimado de lectura 7 minutos. Durante su lectura van a ocurrir aproximadamente 6 interrupciones clandestinas y voluntarias de embarazos.

 

Históricamente, en los países donde el aborto es legal, los debates que lograron ese derecho todavía son recordados, porque fueron movilizadores para todos los estratos de la sociedad.  Es sumamente difícil abarcar todos los aspectos en una sola nota, porque el debate tiene tantas aristas como participantes. Sin embargo, la mejor fuente de información que tenemos son los números, que no tienen opinión personal sobre lo que las mujeres hacen con sus cuerpos.

Nuestro vecino Uruguay es el país con la tasa de mortalidad materna más baja de Latinoamérica y el segundo en todo América luego de Canadá. El aborto en Uruguay pasó de causar el 37.5% de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo en 8,1% en 2011-2015, con una marca excepcional en el periodo 2014-2016 de 0 muertes vinculadas a interrupciones voluntarias de embarazos. Estos indicadores se repiten en todos los países donde el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazos es legal e irrestricto.

En Argentina, en cambio, ni siquiera tenemos números confiables. Oficialmente se estiman 100 muertes por año a causa de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas coinciden en que este es un subregistro de la mortalidad por gestación y que, en realidad, muere aproximadamente una mujer cada dos días. La única información certera que hay es que los abortos clandestinos son la primera causa de mortalidad materna, por encima de los casos de sepsis o casos de hipertensión durante los embarazos. Esta estimación se realiza en base a la cantidad de mujeres que llegan a las guardias con abortos (espontáneos o no) en curso, sumado a los pocos datos que hay de asociaciones y observatorios del tema. El número oficial se ha mantenido desde la vuelta a la democracia, es decir que desde 1983 hasta ahora no ha sido modificado e implica que no hay investigaciones del gobierno que puedan arrojar cifras más reales sobre el impacto de la ilegalidad del aborto ni interés en obtenerlas.

Los números indican que la penalización del aborto por sí misma no impide que ocurra en la clandestinidad, de hecho la despenalización del aborto en Uruguay logró que este país tenga una de las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo (9 cada 1000 mujeres, mientras que en Europa Occidental se reportan entre 12 y 14 cada 1000 mujeres). Esto está directamente relacionado a que además de la despenalización, a las políticas de planificación familiar y educativas se les da un lugar central.

Aún en la ilegalidad, las interrupciones voluntarias de embarazos ocurren y de las formas más diversas posibles, desde clínicas en las que ingresan a la paciente con otro diagnóstico, hasta curanderas de barrio con perejiles y otras maniobras por demás riesgosas. Aquí la desigualdad social y económica se hace evidente. Las mujeres de altos ingresos pueden pagar un aborto sin riesgos en una clínica de las que aparecen en las cartillas de las prepagas top, al mismo tiempo que otra mujer de clase baja se somete a un procedimiento digno de película de terror, en consultorios con condiciones de higiene deplorables o en su misma casa, en situaciones que le pueden causar infecciones con consecuencias graves, poniendo en riesgo su salud, su posibilidad futura de tener hijos deseados e incluso su vida. Un sondeo de 2001 de Graciela Römer y Asociados muestra que 20 de cada 100 mujeres pobres que abortan lo hacen con un médico; una proporción que trepa a 60 de cada 100 en la clase media, y al 83 por ciento en el sector de mayores recursos.

Mientras que el Estado niega la discusión real del tema y solamente esgrime motivos morales, la legalidad del aborto es una demanda activa, presente en las agendas de los distintos grupos feministas y que todos los años se hace presente en las calles.

Uno de los principales obstáculos para dar la discusión es la Iglesia Católica, todavía muy involucrada en la vida política del país, junto a instituciones propias como el Opus Dei; Iglesias de otros credos; y un grupo bastante sorpresivo del que se habla poco: toco-ginecólogos y obstetras. Por ejemplo, en octubre de 2016 la Provincia de Buenos Aires dió marcha atrás al protocolo de Abortos No Punibles alegando que la provincia ya tenía su propio protocolo. Curiosamente, el Opus Dei lo publicó luego en su propia página web como un logro propio.

Si bien fueron muchísimos los profesionales que en su debido momento presentaron su objeción de conciencia para practicar abortos dentro del protocolo de Aborto no punible e incluso se organizaron en ONGs y campañas activas para lograr el mayor número de adhesiones posibles a su negativa, lo llamativo es que la industria del aborto clandestino involucró $1000 millones en 2010, que fueron directo a médicos, laboratorios y farmacias. Mientras tanto, en 2015 se invirtieron $72.730.000 (el 7%) en métodos anticonceptivos dentro del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, programa que al día de hoy no tiene garantía de continuidad, porque si bien el Gobierno asegura que los medicamentos y preservativos se van a seguir distribuyendo a pesar de los recortes, no hace lo mismo sobre el acompañamiento de los profesionales en el correcto uso de las distintas opciones anticonceptivas.

En este tema (como en casi todos) lo más importante es la educación desde la adolescencia, pero el Programa de Educación Sexual Integral también ha sido implementada de distintas maneras en las provincias, ya que algunas de las comunidades más conservadoras se han negado a impartir total o parcialmente los conocimientos, así como muchos colegios al día de hoy siguen sin tocar el tema o enseñan contenidos confusos y mezclados con sus creencias.

Muchos médicos indican por lo bajo que, aún en los casos contemplados dentro del protocolo del Aborto No Punible, prefieren no practicar el procedimiento por miedo a luego tener problemas legales: como todavía no hay una aplicación uniforme de la Ley a nivel nacional y como dicha Ley ha sido parte de las rencillas partidarias del presente gobierno y el anterior, con idas y vueltas en su aplicación, quienes practiquen abortos contemplados en el protocolo temen el día de mañana enfrentar problemas legales. Además, también indican que quienes realizan la práctica (cumpliendo con la ley) y quienes se muestran a favor de la legalización total del aborto terminan siendo estigmatizados y etiquetados por sus propios colegas.

Según una investigación del diario La Nación de 2016, en Capital Federal un aborto quirúrgico sale entre $8.000 y $15.000, aunque es vox populi que el costo varía de acuerdo a la supuesta capacidad adquisitiva de la paciente y de lo avanzado que esté el embarazo. En el interior del país los precios son más altos.

Otra forma de producir un aborto es usando Misoprostol, una droga recetada para los dolores reumáticos que tiene como efecto secundario contracciones uterinas y que está avalada por la OMS como el método de interrupción de embarazos de preferencia en países donde todavía no es legal, cuesta alrededor de $1500 en farmacias si la venta es con receta. Hay casos de mujeres que pagaron hasta $4000 un blister por carecer de firma médica y de personas que en la desesperación compran pastillas de dudosa procedencia vía Internet, y muchas veces resultan estafadas. En este caso el Ministerio de Salud tampoco tiene información de cuántas pastillas se venden y el laboratorio que lo produce se niega a brindar dicha información, cuando debería ser de público conocimiento e interés.

La ilegalidad del procedimiento lo vuelve algo lucrativo. De ser legal y cubierto por obras sociales y prepagas, perdería ese aspecto tan valioso para algunos. Además, dejaría de exponer a las mujeres a maltratos y a situaciones denigrantes de las que hoy no pueden defenderse ni denunciar a los profesionales. Ellos tienen el poder mientras que ellas podrían ir presas.

En este punto se torna claro que los cuerpos de las mujeres son siempre un campo de batalla de la política. Cuerpos sobre los que otros pueden legislar, disponer, decidir y penalizar de acuerdo a sus creencias e intereses económicos, sin tener en cuenta que esos cuerpos además son personas.

 

 

Si querés más información sobre los números del aborto en el mundo, no te pierdas este video de Fabricio Ballarini.

 

*Con la colaboración del equipo de Economía Femini(s)ta, especialmente Mayra Zak y Candelaria Botto.

Calláte y pujá: por qué la violencia obstétrica es violencia de género

Por Daniela Rey*

 

 

La violencia obstétrica es una forma de violencia de género, es decir, implica la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. A pesar de ser un fenómeno común, no es natural ni tiene porqué existir. Pero existe. Los datos muestran que lejos de ser un fenómeno aislado, la violencia obstétrica se encuentra extendida y naturalizada por médicos/as y pacientes y es practicada de forma sistemática por parte de los profesionales de la salud.

¿Qué dice la ley?

A continuación se realiza un breve recorrido sobre los marcos legales existentes en nuestro país respecto de esta problemática. En Argentina, una reforma constitucional de 1994 incorporó diferentes instrumentos legales internacionales sobre Derechos Humanos, entre ellos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). La CEDAW en su artículo Nº12 sostiene que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

Y continúa estableciendo que “garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”. Por otro lado, la Ley nacional 26.485 del año 2009, titulada “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, expresa en su artículo 4, qué se entiende por violencia:

“toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Entonces, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, la violencia obstétrica no es en sí misma un tipo de violencia, sino una modalidad. En el artículo 6, inciso e, ésta modalidad es definida de la siguiente manera:

“Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”

Esta Ley 25.929 del año 2004, conocida como la Ley de parto humanizado, es la que establece en su artículo 2, los derechos “de toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto”.

Es decir, que al menos desde hace 13 años, ¡por fin!, las mujeres tenemos el derecho legal a transitar nuestro trabajo de parto y el posparto sin que ningún/a profesional opine o intervenga médicamente sobre nuestro cuerpo de forma violenta o sin nuestro permiso. Conocer nuestros derechos es un paso clave para defendernos ante las situaciones de violencia.

 

La violencia obstétrica en cifras

Recientemente, en el año 2016, el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) dio a conocer las estadísticas que se obtuvieron a partir de la realización de encuestas voluntarias en su página web. Los datos muestran que la violencia obstétrica existe, afecta y violenta los derechos de muchísimas mujeres en todo el país, durante el parto, antes y/o después del mismo.La revista Cosmopolitan recogió algunos de los datos más resaltantes que dio a conocer el OVO:

  • Falta de acompañamiento: Se deja a la mujer sola, sin interlocutores de confianza ni testigos de lo que le sucede en su internación. Durante el trabajo de parto, el 25% de las mujeres estuvieron totalmente solas. Durante el parto, un 36%. Durante la etapa de posparto, el 20%
  • Trato: El 28% fue criticada por los médicos. Un 56% fue tratada con sobrenombres. Un 30% recibió comentarios irónicos o descalificadores. A un 36% las hicieron sentir que corrían peligro ella o su hijo/a Y un 47% no se sintió contenida.
  • Información: El 44% de las mujeres no fue debidamente informada sobre la evolución del trabajo de parto o su bienestar ni del de su bebé.
  • Cesárea: El 46% tuvo a su hijo por cesárea, siendo el porcentaje estándar de la OMS un 12-15%, de las cuales 39% fueron programadas. Dentro de este número, el 54% de las madres eran primerizas. Existe un mayor índice de cesáreas en el sistema privado, que se eleva hasta el 64%.
  • Rotura artificial de bolsa: El 70% de las encuestadas no recibió información clara, adecuada y completa y por ende no dio su autorización.
  • Inducción del parto. El 29, 7% de las encuestadas tuvo un parto inducido, siendo el porcentaje estándar de la OMS menor a 10%
  • Anestesia: El 36% de las mujeres fueron anestesiadas sin haberlo solicitado.
  • Prácticas sobre el/la bebé: El 74% de las mujeres no recibieron suficiente información sobre las prácticas que realizaron sobre su hijo/a, por ende tampoco dieron autorización para realizarlas. Aproximadamente el 45% de las mujeres no sabe o no recuerda qué prácticas fueron hechas sobre su hijo/a.

 

El sistema de salud y el trato hacia las mujeres.

En un trabajo realizado por Cecilia Canevari Bledel en 2016 se puede ver la compleja relación entre las mujeres y el sistema de salud.

Por un lado, luego de analizar los programas de estudio de varias universidades del país, se advierte sobre la prácticamente nula formación que reciben los profesionales de la salud en materia de derechos. El estudio y prácticas que contemplen el respeto por los derechos humanos al momento de ejercer la atención, el cuidado, el acompañamiento y la cura, es prácticamente inexistente. Esto implica que los pacientes en general, pero en este caso, las mujeres embarazadas en particular, son percibidas desde el punto de vista médico, como objetos, es decir, como cuerpos sobre los que se puede y debe ejercer la medicina, pero sin contemplar los puntos de vista, emociones, sensaciones y experiencias que transitan las personas a la hora de asistir a una institución médica.

Estas situaciones de violencia que se producen “invisiblemente” en los hospitales, clínicas y centros de salud, expresa que la violencia obstétrica es una problemática social, que tiene diversas y variadas causas relacionadas con la discriminación y la violencia de género, para cuya solución las formas legales no son suficientes. A lo largo de la historia, los saberes médicos, se han ido legitimando socialmente de forma tal que en la relación médico/a paciente, se establece una relación de poder: es difícil animarse a cuestionar, dudar, sugerir o contradecir lo que nos dicen los/as médicos/as. Y a su vez,  esto impide que las pacientes podamos expresar críticas, inquietudes y opiniones con total libertad. Más aún en momentos tan decisivos como durante el trabajo de parto.

La violencia obstétrica implica otros tipos de violencia

Es necesario resaltar que la ley del año 2009 antes mencionada, además, define que los distintos tipos y modalidad de violencia de género pueden entrecruzarse. Es por eso que la violencia obstétrica puede ser interpretada a su vez como violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Canevari nos proporciona ejemplos de estos otros tipos de violencia que se ejercen como parte de la violencia obstétrica. Una expresión recurrente de  violencia física es el legrado (una técnica para evacuar restos que pudieran haber quedado adheridos a la pared del útero y que es extremadamente dolorosa), sin anestesia. En este caso, el silencio de las mujeres muchas veces se produce por el temor que implica haber interrumpido un embarazo en condiciones de clandestinidad. Canevari explica, además, que otras formas de violencia física se practican con justificaciones médicas pero son muy dolorosas: la dilatación manual del cuello del útero,el  desprendimiento de membranas, o la maniobra de Kristeller. Otras provocan un aumento del dolor, como el uso de estimulantes uterinos, y otras dejan cicatrices que se podrían haber evitado, como la episiotomía o cesárea.

Respecto de la violencia sexual, ésta se hace visible con la falta de respeto al pudor y la desnudez, que produce en las pacientes una pérdida del control sobre su propio cuerpo. Finalmente, la violencia psicológica y simbólica daña a las mujeres de diferentes maneras, en general provocando culpa, desvalorización, insultos, humillaciones, amenazas, provocando miedo o haciendo interrogatorios a fin de confesar una práctica abortiva, expresada en la recurrente frase: “¿qué te hiciste?”. La autora explica además, quienes suelen ser las mujeres más proclives a sufrir violencia obstétrica: menciona la discriminación hacia las mujeres de sectores más vulnerables, las que tienen muchos hijos/as, las que no colaboran, las que no se hicieron los controles, e incluso  las que no muestran el afecto esperado hacia su hijo/a, o a aquellas que no desean ser madres.

Esto expresa que el sistema de salud, considera a las mujeres, solamente como cuerpos biológicos.  Y en relación con la reproducción, la prioridad para los/as médicos/as es que el/la niño/a nazca bien, sin importar los derechos de las pacientes a ser tratadas con respeto.

 

Nuestra voz debe ser escuchada en casa, en el trabajo, en la calle… y en el hospital

La violencia obstétrica es una modalidad de violencia de género que se ejerce sobre miles de mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Se inserta en las prácticas ejercidas por los y las profesionales de la salud en las instituciones tanto públicas como privadas y se expresa de diferentes maneras, como violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. A su vez, está atravesada por relaciones de poder entre la autoridad médica y las pacientes, cuyos cuerpos son vistos como objetos manipulables y a disposición de los/as médicos/as en vez de como propiedad exclusiva de los deseos, costumbres y percepciones de las mujeres. Por eso es que todavía queda mucho que decir y hacer para visibilizar y erradicar la violencia obstétrica, que durante años ha sido invisibilizada y naturalizada. Los relatos y testimonios de mujeres que se animan a contar las situaciones que vivieron en instituciones médicas es un paso fundamental para que empecemos a hablar de esta problemática. Además, es necesaria la formación de los/as profesionales de la salud con un enfoque de derechos y de género, y el efectivo cumplimiento de los marcos legales vigentes, para que la experiencia de gestación, parto y posparto no se convierta en una forma más de vulneración de nuestros derechos.

 

*Estudiante de Sociología UBA