Breves notas coyunturales en materia de problemáticas de géneros

CAUCE y Desde El Fuego

Organizaciones pertenecientes a COB-La Brecha

 

¿Un cambio de etapa?

En los últimos años, el kirchnerismo logró posicionarse como representante político de una parte importante de la lucha de géneros. Un ejemplo es la sanción de las leyes de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Matrimonio Igualitario e Identidad de Género. No obstante, éstas, lejos de ser el producto exclusivo de la acción parlamentaria, fueron el resultado de años y años de luchas del conjunto del movimiento feminista y el LGBTTTI. A su vez, si bien representaron un avance, su implementación efectiva no se ha desarrollado del todo. Esto explica, en parte, la masividad del #NiUnaMenos llevado a cabo durante Junio del año pasado.

A ello se suma que no se ha avanzado respecto de temas que consideramos urgentes e imprescindibles. En este sentido, el ejemplo paradigmático es el de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Muchxs de lxs funcionarixs del ex gobierno se han posicionado públicamente en contra y los proyectos de ley no han tenido curso.

El gobierno de Cambiemos abre una nueva coyuntura para las políticas de género y sexualidades. Fabiana Tuñez fue designada como presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM). Tuñez, ex directora de la Casa del Encuentro, fue una persona clave en una ONG con muchísima legitimidad ante el movimiento de mujeres en la necesaria tarea de registro de los casos de extrema violencia hacia éstas. Sin embargo, este abordaje es acotado dado que peca de un reduccionismo excesivo de las violencias que sufren las mujeres a sólo una (la física que culmina en femicidio) y, a su vez, limita el foco de los problemas de las mujeres a una única dimensión (la violencia). Adicionalmente, cuando hablamos de coyuntura de géneros creemos que es muy importante poder incorporar a la perspectiva la política para las lesbianas, trans, travestis, gays, bisexuales y personas intersex, entendiendo que presentan particularidades, reivindicaciones y opresiones que juegan de distintas maneras, aunque muchas veces pueden conjugarse en conjunto.

Hasta el momento, una de las acciones más destacadas, fue la convocatoria que se llevó a cabo desde el CNM hacia las organizaciones de la sociedad civil para discutir y presentar los lineamientos del organismo, aunque todavía no hay novedades de posibles articulaciones con el movimiento de mujeres. Estas señales, entre otras, dan cuenta de un modelo con una impronta onegeísta de gestión de política pública a través de la tercerización delegativa de política en otras organizaciones. Muchas feministas “celebraron” la designación, preocupadas sólo por cuánto margen presupuestario se le asignaría a Tuñez. Hoy el panorama parece más grisáceo, dado que, por ejemplo, ya circulan fotos oficiales con Patricia Bullrich y las representantes de la ONG “Vital Voices”, cuyo principal financiador es Paul Singer (fondos buitre), sumado a que a más de 100 días de gobierno aún no se vio cubierto ninguno de los objetivos prometidos a este plazo.

Ahora bien, si analizamos el papel de las mujeres en esta nueva oenegeización de las políticas públicas nos encontramos con que, a partir del ajuste estructural y el debilitamiento del papel del Estado para invertir en pos de la reproducción social, se incentiva al trabajo no remunerado de las mujeres “colaboradoras” para gestionar proyectos “generadores de ingresos” y programas de “ayuda” a las mujeres más vulnerables. De este modo surge un nuevo régimen patriarcal, donde distintos organismos internacionales financiadores de estas ONGs, como el Banco Mundial o el FMI, son quienes supervisan y explotan el trabajo de mujeres que son reclutadas con el objetivo de capacitar a otras para que puedan integrarse al mercado.

Las violencias que no cesan

A pesar de la enorme manifestación del #NiUnaMenos del año pasado, no cesaron los casos de violencia, femicidios y travesticidios y no se implementó ninguna política pública de emergencia en concreto para frenar estas manifestaciones de extrema violencia. Incluso, luego del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) de 2015 realizado en Mar del Plata, hubo reiterados ataques y episodios de violencia hacia compañerxs feministas, gays, trans, travestis, lesbianas, intersex, bisexuales y antifascistas, por parte de grupos abiertamente neonazis. La asunción de la intendencia de esa ciudad por el fascista Carlos Arroyo, así como el triunfo nacional de Macri, dan total impunidad a estas expresiones reaccionarias. Un caso más reciente es el secuestro y la tortura ejercida hacia Lautaro Blengio en Miramar, propiciado por la misma policía de la localidad. En La Plata, se vive una situación de militarización de la zona roja de las travestis y mujeres trans, situación por la que se multiplican detenciones arbitrarias con causas inventadas, a la vez que se intensifican las palizas y requisas vejatorias propinadas por los efectivos policiales, solamente para que las compañeras se corran del lugar.

El Plan que no vino con alegría

Pasaron más de cuatro meses desde que asumió el nuevo gobierno y, a pesar de que es esperado con ansias, no se presentó el prometido “Plan Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Asimismo, el Estado no promueve ni garantiza la igualdad de derechos y oportunidades en el mundo laboral: las mujeres siguen ganando salarios menores; se encuentran sobre representadas en el desempleo, el subempleo y el trabajo informal; presentan tasas de actividad y empleo menores; se concentran en ramas feminizadas; y presentan dificultades para acceder a puestos jerárquicos y de ejercicio de poder. La situación del colectivo LGBTTTI es incluso más acuciante y la falta de estadísticas abona a la invisibilización de sus problemáticas específicas. No obstante, sabemos de la discriminación que tienen las identidades no hegemónicas para el acceso al mercado laboral, y de la discriminación que sufren en él (acoso, burlas, segregación, etc). La situación de las mujeres trans es la más dramática: un 79% se dedica a la prostitución/trabajo sexual, presentan una esperanza de vida de 35 años y altas tasas de muerte por SIDA, enfermedades que no pueden tratarse por no estar incluidas en el sistema de seguridad social. Además, es alto el porcentaje de suicidios.

En contextos de ajuste, caída de salario y empleo como el que se viene gestando desde los últimos años, pero con particular violencia desde el acceso del macrismo al gobierno, se ve multiplicada la carga de tiempo de trabajo sobre las mujeres. En estas situaciones, muchas mujeres se ven en la obligación de salir al mercado laboral para mantener los ingresos del hogar, sin ver reducido su tiempo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según un informe del INDEC de 2013 sobre las Encuestas de Uso del Tiempo, las mujeres trabajan en promedio 3 horas más por día que los hombres en tareas no remuneradas, duplicándose esa diferencia si en el hogar hay niños menores de seis años.

A la vez, muchos de los recortes son en políticas sociales y de conciliación, lo que impacta negativamente en la provisión social de cuidados. En este sentido, ninguna de las políticas del gobierno de Macri apunta a garantizar la corresponsabilidad de las tareas de reproducción de fuerza de trabajo que recaen, en su mayoría, en cuerpos feminizados. Sin este piso se cercena una posibilidad de avance para una vida más digna de mujeres, lesbianas, trans, travestis y bisexuales.

Las mujeres más jóvenes son las más precarizadas laboralmente y son las que tienen más dificultades para conseguir trabajo. La pobreza, la maternidad temprana y la falta de estudios son las principales causas. El embarazo adolescente constituye otra de las grandes dificultades para el acceso al empleo y a la continuidad educativa de las mujeres. Cada 5 minutos una mujer menor de 20 años es mamá en nuestro país y, lo que es peor, cada 3 horas nace un/a niño/a cuya madre es menor a 15 años. En la maternidad adolescente, 7 de cada 10 niñas y jóvenes son pobres. En este sentido, preocupa especialmente la desarticulación del programa Progresar, donde la mayoría de las beneficiarias eran mujeres que dependían de este ingreso para poder continuar con sus estudios.

Considerando que la maternidad temprana es una cuestión de peso a la hora de pensar trayectorias de vida menos precarias, la dirección del nuevo gobierno tampoco muestra ningún atisbo hacia la legalización del aborto. Una de las situaciones más graves es la del avasallamiento sobre el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, porque eso implica que a los diferentes centros sanitarios no están llegando los insumos de anticoncepción, hormonización para personas trans, fertilización asistida y, sobre todo, no se pueden garantizar los Abortos No Punibles (ANP).

No es casual que muchas ONG católicas hayan intentado, desde la creación del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE), a mediados de 2015, boicotearlo; y si bien no lo lograron, los ANP siguen sin garantizarse en todo el país y la clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad materna, especialmente entre las mujeres más jóvenes y pobres. Uno de los desafíos del movimiento feminista organizado será entonces reforzar las redes y la sororidad para poder garantizar la práctica en las mejores condiciones posibles a la par de la lucha hacia la legalización definitiva.

Este año se vuelve a presentar el Proyecto de Ley de ILE, en donde vertebralmente los cambios serán en la figura de la “objeción de la conciencia”, habiéndose decidido no nombrarla directamente, y la incorporación de “las personas gestantes” como sujetos de protección de la norma (incluyendo así a los varones trans).

La lucha da frutos

Una sorpresa recibida con gran expectativa es el nacimiento de la Colectiva Lohana Berkins independientes convocado por cinco referentes del colectivo travestis/trans. La colectiva se compone de un arco diverso de activistas y organizaciones para poder llevar adelante un nuevo frente que reúna las demandas de la comunidad trans y travesti como son “Ley de Reparación Histórica” y por el “Cupo Laboral Trans” y que, al mismo tiempo, dinamice las redes de acción y solidaridad en el movimiento LGBTTTI.

Cómo salir de la trampa de la “Justicia”

Otro eje de la política del macrismo refiere al llamado “punitivismo”; es decir que diversos problemas sociales como los que atañen a las mujeres, pero no reducidos a ellos, se resuelven con mayores grados de represión y con penas más duras. Ante ello cabe preguntarse: ¿Nuestros problemas se solucionan con más condenas?, ¿Qué garantías existen de que esta visión no culmine en una criminalización de la pobreza y una exacerbación del racismo?

No pensamos que “el botón antipánico” sea la solución a la violencia de género, ni tampoco continuar en un camino que solamente se enfoque en aumentar penas, recrudecer castigos y victimizar a los cuerpos feminizados. Es así que vemos con escepticismo cómo puedan darse las políticas de géneros en el gobierno macrista, esperando (y estando atentxs) que no implique militarizar espacios públicos y desarrollar una política represiva hacia quienes siempre pagan las deudas sociales del cisheterocapitalismo: los sectores populares y las identidades feminizadas. Ejemplo de ello es la Ley Antidiscriminatoria (reclamo desde hace tres años de la FALGBT), que finalmente termina ampliando la tipificación penal de ciertos delitos por causas discriminatorias. Por supuesto, condenamos fuertemente la discriminación en todas sus formas, y entendemos que el debate al respecto es largo, pero no creemos que encarcelando personas vayamos a lograr el cambio cultural que realmente acabe con los hostigamientos y la violencia de género.

Dada una coyuntura donde el gobierno ya demostró sus claras intenciones de obstaculizar la obtención de derechos por parte de las mujeres y el movimiento LGBTTTBI, es que creemos necesario organizarnos de cara a mantener las políticas públicas logradas y luchar por su superación. Por eso, apostamos a la construcción de espacios de coordinación y confluencia como la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, porque denunciar y visibilizar la violencia machista es avanzar en la lucha contra un sistema capitalista, patriarcal, cisexista y heteronormativo que la avala, reproduce y alimenta. A su vez, también formamos parte de la Campaña por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito y la Colectiva Lohana Berkins.

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