El acceso a la salud también es una cuestión de género

Por Magalí Brosio  y Estefanía Pozzo

La salud, según la OMS, “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. El género de las personas es un aspecto fundamental para pensar la salud de la población, no sólo por las necesidades específicas sino por cómo esto incide en la planificación de las políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a los servicios sanitarios.

Este año el desafío global es el acceso universal a los servicios de salud. El género debe ser uno de los aspectos que los sistemas de salud de los países deben tener en cuenta para garantizar el cumplimiento del derecho a todxs lxs ciudadanxs.

Pensemos un ejemplo: la expectativa de vida de las personas trans en la Argentina, según un informe del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, reveló que no supera los 40 años. ¿Es lo mismo garantizar la salud a las personas trans que a las cisgénero? A la luz de los datos, es evidente que no.

La misma pregunta cabría hacerse respecto de la diferencia en el acceso a la salud de varones y mujeres: la diferencia obvia está en la atención de la maternidad, pero se replica también en el acceso a los anticonceptivos (orientados principalmente a mujeres) y la posibilidad (o criminalización, como en la Argentina) del aborto.

La igualdad de género en la agenda de salud

La igualdad de género ha formado parte de la agenda de salud a nivel global por más de 40 años y hay cada vez más consenso en la centralidad de avanzar en este campo. Como decíamos, el género impacta en la salud y el bienestar de las personas y se constituye como un determinante clave en relación al ejercicio del derecho al acceso a la salud.

De acuerdo a The Global Health 50/50 Report, en particular, el género influencia la exposición a ciertos riesgos específicos, pero aún mucho más importante, también impacta sobre la decisión de buscar o no asistencia en servicios de salud así como también la calidad y la efectividad del cuidado recibido.

En este sentido, en la actualidad, los indicadores desagregados muestran que existen diferencias significativas en salud, bienestar y expectativa de vida entre mujeres y varones así como también entre personas cis y trans.

El acceso a la salud sexual y reproductiva: una cuestión de derechos

El derecho a la salud sexual y reproductiva se encuentra entre los derechos humanos acordados internacionalmente. En particular, este derecho fue ratificado por un total de 179 países en 1994 durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo. Sin embargo, hoy en día se siguen registrando fuertes heterogeneidades y disparidades entre países así como también al interior de estos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por ejemplo, ha reportado recientemente que en los países en desarrollo, la necesidad insatisfecha de planificación familiar es significativamente mayor entre las mujeres de menores ingresos. De esta manera, cuando se compara el uso de anticonceptivos por parte de mujeres de entre 15 y 49 años que están casadas o viven en una unión libre en el sur global, es posible encontrar brechas de hasta el 29% en el acceso entre las mujeres que se encuentran en el primer y en el último quintil de ingresos. A su vez, dentro de las mujeres de bajos ingresos, aquellas con menos cantidad de años de educación y que residen en áreas rurales se constituyen como un colectivo particularmente vulnerado en término a sus derechos de acceso a la anticoncepción. Esta dinámica genera un círculo vicioso en el que las mujeres más pobres son quienes se ven más perjudicadas por la fecundidad no deseada en términos económicos, ya que esta situación limita su acceso a la educación, su capacidad de incorporarse a la fuerza de trabajo remunerada y reduce sus ingresos (UNFPA, 2017).

De acuerdo al Guttmacher Institute (2017), en el sur global cada año hay 89 millones de embarazos no planificados, que representan un 43% de los embarazos totales. A su vez también se registran anualmente 48 millones de interrupciones voluntarias, 10 millones de abortos espontáneos y 1 millón de muertes fetales. Una vez más, las necesidades insatisfechas de planificación familiar se agravan entre mujeres pobres, rurales y menos educadas (UNFPA, 2017).

Anualmente, se registran 7,3 millones de partos de menores de 18 años en países en desarrollo, entre los cuales 1,1 millones son explicados por niñas de hasta 15 años. A su vez, entre adolescentes se agrava aún más la situación de desigualdad en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo a UNFPA (2017), la tasa de fecundidad entre las jóvenes que forman parte del 20% de los hogares más pobres es casi tres veces superior a la de aquellas que se encuentran dentro del quintil de mayores ingresos. A su vez, la cantidad de partos registrados entre adolescentes que habitan en zonas rurales duplica a la reportada en áreas rurales.

De esta manera, queda claro que hay importantes intersecciones entre la desigualdad económica y la desigualdad en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos que se complementan y refuerzan mutuamente. Así, las mujeres que pertenecen a estratos de ingresos más bajos registran mayores obstáculos para acceder a anticonceptivos y cumplir con sus necesidades de planificación familiar, lo cual impacta sustancialmente en la cantidad de embarazos no deseados. La maternidad forzada, a su vez, afecta negativamente la capacidad de las mujeres de mejorar su situación económica lo cual a su vez contribuye a profundizar la brecha económica entre mujeres.

Bibliografía complementaria

Report card shows gender is missing in global health

Improving Women’s Health through Universal Health Coverage

Reaching every woman and child through Universal Health Coverage

Women and Health. Today´s evidence, tomorrow´s agenda

Universal Health Coverage

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