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FRENTE AL CORONAVIRUS, ¿HAY COBERTURA POR DESIGUALDADES PRE-EXISTENTES?

Una mirada sobre los desiguales efectos de la pandemia en la Argentina a través de las últimas estadísticas socio-demográficas oficiales.

«Trabajar menos, trabajar [email protected] Producir lo necesario, redistribuirlo todo»

Por Natsumi Shokida
Versión extendida de la nota publicada el 12 de Abril de 2020 en Tiempo Argentino, en el marco de una colaboración más amplia con Economía Femini(s)ta.

El aislamiento obligatorio establecido para controlar la pandemia del Covid-19 expuso las desigualdades estructurales de una Argentina donde más de 15 millones de personas son pobres. Para ellas el problema no es el cambio de hábito, la conexión a internet para hacer videollamadas o la falta de creatividad para cocinar; sino la imposibilidad de garantizarse un ingreso sin salir a la calle, el hacinamiento en sus viviendas y las responsabilidades de cuidado que no ceden ante ninguna pandemia. Y si hablamos de desigualdades, el género es una vez más un factor agravante.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el INDEC, el 35,5% de la población se encuentra en situación de pobreza. Sus ingresos no llegan ni a la mitad de los $36.500 que componen la canasta básica que se calcula para estos hogares. Al mismo tiempo, el Ingreso Familiar de Emergencia que se dispuso por el mes de abril para las familias que se quedaron sin ingresos es de $10.000, por lo que en muchos casos no sólo no alcanzarían para cubrir el faltante para superar la línea de pobreza, sino que para quienes fuera el único ingreso del mes quedarían por debajo de la línea de indigencia. No es una osadía afirmar en este contexto que gran parte de la población está sufriendo para sobrevivir.

Al margen de los indicadores monetarios, las condiciones de vida en las que llegamos a 2020 ya eran deficitarias. Respecto de las viviendas, los datos advierten que casi uno de cada cinco hogares se emplaza en edificaciones cuyos materiales de construcción poseen una calidad insuficiente. Más de un millón de hogares cuenta con un saneamiento inadecuado, y la mitad de ellos no tiene baño con descarga de agua. En términos de servicios públicos, el 10% de los hogares no accede a la red de agua corriente, un 30% no dispone de gas de red, y un 29% carece de conexión a las redes cloacales. Más de cuatro millones de hogares en grandes ciudades no accede a ninguno de los tres servicios.

Las colas son de nosotros, los cajeros son ajenos

Dadas las restricciones para salir de nuestras casas, el acceso a la provisión de alimentos y cajeros automáticos se vuelve central, pero aquí también hay desigualdades. Con una herramienta desarrollada por Factor-Data (UNSAM), puede determinarse el tiempo que lleva desde cada domicilio llegar a uno de estos puntos de interés, y mientras que desde las periferias de José C. Paz se puede tardar 50 minutos en llegar a un banco o cajero, en Recoleta se tarda menos de 5. La falta de inversión en infraestructura por parte de bancos que lejos están de la quiebra, se traduce en desigualdades en el riesgo al que se ven expuestas las personas.

Infomalidad y género

Además, un 18% de los hogares son inquilinos. Para ellos las medidas contra los desalojos y el congelamiento de alquileres implican un alivio necesario. Pero no por eso se debe olvidar que casi 3 millones de personas se encuentran en una situación habitacional más inestable. En materia de privacidad, salud y la necesidad de espacios aptos para el estudio, el teletrabajo y la socialización, el hacinamiento crítico se presenta como problemática para casi 1,3 millones de personas. Claro que esa realidad varía según el nivel de de ingresos: mientras que en los hogares del decil más bajo hay 4,6 personas por hogar, en el decil de ingresos más altos el promedio es de 1,8.

Los efectos de la pandemia tampoco son indiferentes a la desigualdad de género. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, más del 5% de los hogares está a cargo de una sola persona, y en casi todos es una mujer. Entre los hogares del primer decil (el 10 por ciento más pobre) la dependencia de una sola persona se eleva al 16%. En esta situación, difícilmente la persona a cargo pueda compatibilizar la búsqueda de ingresos con las tareas de apoyo y cuidados.

Por su parte, el sector de servicios de salud se encuentra altamente feminizado, y el 65% de sus trabajadoras tienen personas a cargo, aunque probablemente no puedan tomarse licencias por la emergencia sanitaria. La carga de los cuidados reposa sobretodo en las mujeres, que en condiciones normales hacen el 75% de este trabajo, pero en tiempos de crisis se ven aún más afectadas.

En este contexto, la restricción de circulación empeoró las situaciones de violencia que padecen muchas de ellas. Recordemos que la violencia de género se hace presente, sobretodo, de la puerta hacia adentro de las casas. Mientras que las organizaciones feministas denuncian que hay más de un femicidio por día desde que empezó la cuarentena, se habilitaron más líneas telefónicas de contención y ayuda.

Diversas organizaciones señalan también que las personas travestis y trans se encuentran particularmente en una situación de inminente riesgo habitacional, de recursos y de salud. La mayoría del colectivo trabaja en el sector informal, sin cobertura médica y obteniendo ingresos por el día. Mucho antes de que estallara la pandemia se exigía la declaración de emergencia para esta población, pero hoy la urgencia es aún más imperiosa. Este sector, sobre el que aún no existen estadísticas oficiales, sería incluido por primera vez en el Censo 2020, cuya realización está en duda hasta que la situación actual encuentre un desenlace.

Acceso a Internet, Educación y Niñeces

Distanciamiento físico no debería ser equivalente a aislamiento social. Para ello es clave el acceso a internet. Se estima que un 20% de los hogares urbanos no tiene acceso a la red, e incluso se supera el 30% en algunas ciudades. Y no se trata sólo de sobrellevar el presente, sino a su vez del impacto futuro: ¿qué hay de los estudiantes que no pueden acceder a las aulas virtuales?, ¿y de quienes deben compartir los equipos con una familia numerosa?. A su vez, a la hora de sostener la escolaridad, hay diferencias entre las capacidades de las familias para apoyar la formación a distancia y la sobrecarga de tareas del cuerpo docente. El “clima educativo” del hogar se define según los años de escolaridad que tuvieron, en promedio, los adultos del mismo. Mientras que la mitad de los niños/as y adolescentes vive en hogares de clima educativo bajo o muy bajo, sólo un 8% vive con adultos que accedieron a la educación superior. Esto se suma a que más de la mitad de NNyA vive en hogares pobres, y un porcentaje similar depende del jardín o escuela para alimentarse, en su mayoría instituciones públicas. Sobre esto último, en CABA hicieron falta muchos reclamos y un fallo judicial para que el gobierno garantice una alimentación saludable a quienes habitualmente comen en escuelas.

En el mercado de trabajo, se destaca que un tercio de las personas asalariadas no tiene días pagos por enfermedad; falta que asciende a 4 de cada 5 en el primer decil de ingresos. Los trabajos que pueden ser realizados desde las casas suelen ser los más calificados y mejor pagos, aunque la solución deposita la responsabilidad por los equipos y el acceso a internet en el trabajador. Algunas de las ramas paralizadas como servicio doméstico, construcción o gastronomía se caracterizan por sueldos más bajos, aunque eso parece no bastar para las grandes cadenas de comida rápida, que despiden por mensaje y se niegan a pagar la totalidad de los salarios con la excusa de la cuarentena.

La inestabilidad atraviesa a los 160.000 trabajadores de plataformas que pedalean o manejan sin tener aportes; la incertidumbre afecta a los trabajadores profesionales que prestan servicios a obras sociales y prepagas bajo la figura del monotributo: acompañantes terapéuticos, terapeutas ocupacionales, psicólogas/os denuncian que hay pacientes a los que se les niega el acceso a tratamientos de forma virtual, y otros en los que no hay certeza de pago por el seguimiento remoto de los casos. Como ellos, se encuentran también cooperativas, PyMES y cientos de miles de trabajadores informales que demuestran que uno de los obstáculos más difíciles de sortear es la planificación en un país con un alto porcentaje de la economía sin registrar.

Cuidarse colectivamente y reforzar la solidaridad

A la hora de evaluar el cumplimiento de la cuarentena, pocas veces se tuvieron en cuenta las condiciones materiales que se enumeran en esta nota, y que para muchas personas implican no sólo la imposibilidad de cumplir con el decreto, sino incluso un riesgo tal vez más grande que el virus. En los barrios donde se concentra la población más vulnerable es donde las fuerzas de seguridad más han hecho sentir su poder represivo. 

Esa misma selectividad nos ha hecho valorar públicamente el rol de las personas que siguen trabajando en los servicios definidos como esenciales, pero pasar por alto a quienes sostienen la cuarentena en su hogar. Con ellos, más que nunca, valen los gestos de empatía. Podemos empezar por repartir más equitativamente las tareas del hogar, realizar donaciones a diferentes organizaciones, hacer las compras por los vecinos que tienen dificultades (tanto porque sean población de riesgo como porque sus necesidades de cuidado dificultan la salida de la persona a cargo), prestar atención a las situaciones de violencia que nos rodean, tanto en los ámbitos domésticos como la perpetrada por fuerzas policiales. Es obligación mantener los sueldos de empleadas domésticas, pero también es necesario sostener, en la medida de lo posible, los pagos a quienes prestan otros servicios como los paseadores de perros, jardineros, etc.

Por último, esta crisis generó algunas respuestas urgentes del Estado que antes de la pandemia parecían imposibles de implementar e incluso de discutir, como la de un ingreso básico universal. Ahora, la pregunta es cómo se solventarán estas medidas. Expertos en desigualdad como Branko Milanović proponen un impuesto extraordinario a los más ricos. Un gravamen al 1% más rico de la población no implicaría afectar a un trabajador privilegiado que sigue tecleando desde su casa y que también ve su calidad de vida afectada, sino a quienes están protegidos frente a los devenires del sistema más allá del coronavirus. Sea o no iniciativa del gobierno adoptar este tipo de medidas, lo que es seguro es que no pueden realizarse sin el respaldo y la exigencia de la ciudadanía.

Dando un paso más, cabe preguntarse si las medidas redistributivas que ahora reconocemos como imprescindibles no seguirían siendo absolutamente necesarias luego de la pandemia porque, al fin y al cabo, ahora que podemos ver todas estas diferencias, ¿queremos seguir viviendo en una sociedad tan injusta y desigual?

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