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La agenda legislativa de género: dónde estamos y hacia a dónde vamos.

Por Emilia Cerra y Paloma Mila

Durante 2018, las aulas de los colegios, las oficinas de trabajo, las mesas de los bares, los almuerzos familiares y los pasillos de las universidades estuvieron plagados con conversaciones sobre los derechos de las mujeres y la desigualdad de género.

El debate legislativo del año pasado implicó que, por primera vez en la historia democrática argentina, se tratara la legalización del aborto en el Congreso Nacional. El tema cortó transversalmente muchos otros, como la inevitabilidad de la conquista de este derecho más tarde o más temprano, las muertes en la clandestinidad, la importancia de la planificación familiar y el derecho sobre el propio cuerpo. Se llegó a hablar célebremente del “goce, señora presidenta”, y tristemente se reprodujeron falacias y comparaciones absurdas.

El 2018 fue el año en el que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres protagonizaron las discusiones públicas y tomaron las calles para reclamar por desigualdades históricas. Pero el 2018 también demostró que el poder político no siempre es consecuente con las demandas audaces de estos movimientos. A continuación, enumeramos algunas de las principales conquistas y deudas para con las mujeres que todavía deben saldarse en las instituciones del Estado.

Foto: Evelyn Pereyra


Proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Después de un debate histórico durante el 2018 – en el que se obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero no se consiguió la aprobación en el Senado-, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volverá a presentar un proyecto para el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo a integrantes de la Campaña, este nuevo proyecto incorporará cambios, aprendidos durante el debate de 2018 para debilitar algunas de las resistencias del discurso de los sectores “pro-vida”, basado en datos falsos y argumentos falaces. El nuevo proyecto será presentado una vez que se reanuden las sesiones legislativas ordinarias en marzo de este año, y luego de que sea puesto en consideración en una reunión plenaria con todas las organizaciones que forman parte de la Campaña.

Diputades del oficialismo, sin embargo, pusieron en duda la posibilidad que se le dé el tratamiento exhaustivo que tuvo el año pasado. Si bien la composición de las dos cámaras es la misma que la del año pasado, con la vista puesta en las elecciones presidenciales de octubre, no está garantizado el piso de respaldo que obtuvo en 2018.

El debate que tuvo lugar en comisión, previo al tratamiento en el Senado, había incluido algunas concesiones, por parte de les senadores a favor de la legalización, para sumar adhesiones. Entre otras, la reducción de 14 a 12 semanas como límite para la interrupción, la inclusión de la objeción de conciencia institucional, la eliminación de penas a les médiques que se opongan a hacerlo y la producción pública de misoprostol. Sin embargo, ante la falta de las firmas necesarias, se votó (y rechazó) la versión original de la Cámara de Diputados.

En definitiva, aunque en 2018 el desenlace no fue favorable, fue la primera vez en la historia que el debate sobre el derecho al aborto alcanzó el prime time de todos los canales de televisión, inundó los asados familiares de domingo y se coló en ámbitos donde antes era impensado que se discutiera este tema. Esto a su vez funcionó como una clase sobre ciudadanía, procedimientos parlamentarios y conocimiento de nuestres propies representantes. También sirvió para demostrar la importancia del movimiento de mujeres y la presión social, que se hizo sentir desde las calles y que volvió permeables las paredes del Congreso.

Estreno de la Ley de Paridad

Hasta el 2017, la Ley de Cupo femenino (24.012) sancionada en 1991 preveía que las listas de los partidos políticos debían estar conformadas por un 30% de mujeres. Sin embargo, con el paso del tiempo, en los hechos este 30% que debía funcionar como piso, se volvió un techo para la elección de mujeres a cargos electivos. En 2017, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Paridad de género (27.412) que establece que las listas deben intercalar candidatos hombres y candidatas mujeres, de manera tal de estar compuesta por un 50% de cada uno. Dicho proyecto se replicó en otras provincias argentinas: Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

La discusión, sin embargo, no está saldada: aún resta la reglamentación de la ley. Esta debe contemplar una ventana de tiempo, desde el apercibimiento a los partidos en caso de no cumplir con la paridad, hasta que puedan corregir sus listas ante la Justicia Electoral. Además, se debiera explicitar que la paridad se aplique tanto para las PASO como para las elecciones generales.

La ley de paridad no sólo es importante para garantizar a las mujeres el acceso a cargos electivos en las legislaturas, sino que también fortalece la democracia argentina, permitiendo la pluralidad de voces en un ámbito dominado por varones.

De cualquier modo, la discriminación en los ámbitos de toma de decisiones no se agota con el mero acceso. En un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), ocho de cada diez legisladoras mujeres dicen haber sido víctimas de violencia por su condición de género. Esta no solo se refiere a violencia física, sino también simbólica, psicológica, institucional e incluso sexual. La discriminación también se manifiesta de formas sutiles e invisibilizadas que van desde los comentarios asociados a los estereotipos de género hasta las comisiones a las cuales acceden. O bien, situaciones cotidianas como la dificultad para tomar la palabra, o cuestiones culturales y más profundas como su educación sexuada y sesgada para agradar y no confrontar, cuando la confrontación -al menos discursiva- es parte constitutiva del ámbito político.

Ley Micaela

Sancionada el 18 de diciembre de 2018 y en el medio del fervor por la denuncia de Thelma Fardín, el Congreso Nacional sancionó la Ley Micaela 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Los programas de capacitación estarán a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres y es obligatorio para todas las personas que se desempeñen en la función pública. El inclumplimiento tendrá penalidades que van desde sanciones hasta la imposibilidad de acceder a un ascenso.

La correcta implementación de la Ley Micaela no solo brindará una formación con perspectiva de género transversal sino que también visibilizará la importancia de la prevención de la violencia sexual y dará herramientas a les funcionaries para observar con ojos críticos la situación de desigualdad en la que se encuentra el género femenino. Esto traerá aparejado, a su vez, una agenda de género más cargada de iniciativas que intenten subsanar esos temas sobre los que la nueva Ley Micaela estará echando luz.

De todas maneras, cabe recordar que el nuevo Programa se aplicará a nivel nacional. Por lo tanto, les funcionaries de los gobiernos provinciales no están contemplados dentro del mismo. Esto es relevante, dado que los índices de violencia de género son preocupantes en todo el país, pero son aún más elevados en provincias del norte. De acuerdo a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, el registro de femicidios de la Justicia Argentina estableció que las provincias más violentas son Jujuy, Salta y Santiago del Estero. Es justamente de Salta de donde provino el único voto en contra a la Ley Micaela (de parte del Diputado Olmedo, ahora pre candidato a presidente, por el Partido “Salta somos Todos”).

Ley Brisa

Otra de las leyes sancionadas en 2018 con perspectiva de género y que apuntan a problemas sufridos esencialmente por mujeres y sus hijes es la Ley Brisa 27.425. La misma establece una reparación económica para les menores argentines cuando “cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”. Está destinado a las víctimas menores de 21 años y funciona como un haber jubilatorio mensual, compatible con otras prestaciones, con incrementos móviles y retroactivo al momento del crimen. La ley también garantiza una cobertura integral de salud. El haber se extingue en caso de que el progenitor acusado de violencia sea absuelto y se termina a los 21 años. La importancia de esta ley radica en que este monto intenta subsanar medianamente las pérdidas ocasionadas y también reconoce en cierta forma la responsabilidad del Estado en al menos una de todas las instancias en esa cadena de violencia que lleva al peor final para una víctima de violencia de género.

Cupo Laboral Trans

En agosto de 2018 ingresó al Congreso de la Nación el proyecto de Ley Diana Sacayán, en conmemoración de la activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ con el mismo nombre que fue víctima de un travesticidio en 2015. La iniciativa fue co-firmada por una multipartidaria de 40 diputades que incluía legisladores de seis bloques. La iniciativa se encuentra en comisión y aún no fue tratada en el recinto.

El proyecto estuvo inspirado en la Ley de Cupo Laboral Trans sancionada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires. El mismo establece que al menos el 1% de los cargos públicos en la gobernación deben estar ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, cumpliendo con los criterios de idoneidad correspondientes para el puesto. Sin embargo, casi cuatro años después de la sanción, el proyecto no se aplica porque el gobierno de María Eugenia Vidal no reglamenta la medida. De acuerdo con un relevamiento elaborado por Economía Femini(s)ta, a principios de 2018 sólo la Provincia de Buenos Aires había sancionado la ley provincial para el cupo laboral trans. Hoy son cuatro las provincias que tienen sancionada una ley provincial igual (Chaco, Chubut y Río Negro, además de la ya mencionada Provincia de Buenos Aires).

En Argentina, el 98% de las personas trans y travestis no tienen trabajo formal. Este dato figura en el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional. A su vez, de acuerdo a los resultados de la Primera Encuesta sobre Población Trans llevada a cabo en 2012 por el INADI y el INDEC, el promedio de vida de las travestis y personas trans está entre 35 y 41 años. El 35% de las personas encuestadas además dijeron haber abandonado la escuela por ser discriminadas y el 80% dijo estar en situación de prostitución o tener trabajos informales para obtener ingresos. Mientras que algunas empresas han tomado la medida proactivamente, no ha existido la misma voluntad por parte de las agencias del Estado. Aún resta mucho camino por recorrer en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Este es solo un paso más hacia la visibilización de los problemas que atraviesan las minorías sexuales.

Proyecto de Ley para la quita del IVA a Productos de Gestión Menstrual

Las mujeres gastaron en 2018, en promedio, entre $1000 y $2200 pesos al año en productos de gestión menstrual. A su vez, un 37% de las asalariadas argentinas no están registradas como empleadas, quienes en la segunda mitad de 2018 ganaban en promedio $7.050 por mes. Por lo tanto, a una gran parte de la población que menstrúa se le dificulta acceder a ellos. Esto podría causar desde el uso de productos alternativos poco higiénicos (como paños sucios) hasta la interrupción de su rutina escolar o laboral.

A partir de la campaña Menstruacción, impulsada por Economía femini(s)ta, se busca en primer lugar la quita del Impuesto al Valor Agregado a estos productos. En la actualidad hay dos proyectos en el Congreso Nacional que tienen este objetivo. Fueron presentados por la Diputada Victoria Donda por Ciudad de Buenos Aires en 2017 y la Diputada por Salta, Cristina Fiore en 2018. Otro paso que incluye la campaña es la distribución gratuita de productos de gestión menstrual en establecimientos como cárceles, escuelas y hospitales. El proyecto establece como autoridad a cargo de este reparto al Ministerio de Salud de la Nación.

En algunas legislaturas provinciales y municipales se presentaron con anterioridad proyectos similares. El primero de este tipo fue el presentado en ambas Cámaras de la Provincia de Buenos Aires en marzo de 2017. La siguieron iniciativas en la Legislatura de Buenos Aires, el Concejo Municipal de Rosario, Viedma y Ushuaia.

La importancia de la campaña se encuentra en visibilizar la desigualdad de las personas que menstrúan con respecto a las que no y que el estado intervenga para eliminarla. Como hemos visto, a priori es una desigualdad económica dada a partir del gasto obligado que tienen las primeras. Sin embargo, va más allá. En un país donde 7 de cada 10 mujeres son pobres, la imposibilidad de comprar productos de gestión menstrual podría disparar otros factores de desigualdad como la inasistencia escolar, laboral o incluso provocar problemas de salud por malas prácticas sanitaras. La quita del IVA a toallitas y tampones en primera instancia, así como el reparto gratuito de estos productos en establecimientos públicos es una iniciativa que busca salvaguardar una de las raíces de esta diferencia.

Reforma de la Ley de Educación Sexual Integral

Uno de los pocos argumentos que utilizaron los sectores “pro-vida” dentro del debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue que debía hacerse hincapié en la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas como forma de prevenir los embarazos no deseados. Sin embargo, aún durante el tratamiento de los cambios a la ESI que se iniciaron en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestaron su rechazo, a pesar de no proponer nuevas alternativas. Incluso, muchos grupos anti-ESI se manifestaron en contra de cualquier tipo de aplicación de la Ley ya existente.

La Ley de ESI fue sancionada en 2006, pero no se aplica de manera efectiva. Muchas provincias se rehúsan a enseñarla en sus escuelas, muchas veces influenciadas por sectores eclesiásticos. Por otra parte, aunque

La Ley estipula que debe enseñarse educación sexual en todos los establecimientos educativos (ya sean de gestión pública o privada), las escuelas pueden determinar qué contenidos consideran necesarios de enseñarse. El proyecto de reforma busca eliminar esa discrecionalidad. A su vez, establece que los contenidos deben ser laicos y científicos mientras que los actualiza de acuerdo a leyes sancionadas con posterioridad al texto original. Estas son la Ley de Trata, Parto Respetado, de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género. El proyecto impulsado por el Diputado José Luis Riccardo por San Luis obtuvo dictamen en las comisiones de Educación y Familia de Diputados y aguarda su tratamiento en el recinto. En caso de ser aprobada allí, deberá ser tratada y aprobada por el Senado.

La modificación de la ESI para incluir una perspectiva de género y de disidencias es clave no solo a la hora de saber utilizar métodos anticonceptivas sino también entender el consentimiento en las relaciones, reconocer situaciones de violencia y entender el goce como un derecho tanto para hombres como mujeres.

Más proyectos

Además de las grandes deudas como el cupo laboral trans, la modificación de la ESI y la quita del IVA a productos de gestión menstrual, hay en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia otros proyectos importantes en la lucha contra la desigualdad de género. Por ejemplo, la creación de un Plan Nacional de acompañamiento de personas gestantes menores de 18 años y diferentes regímenes de fomento para mujeres empresarias en determinadas industrias. También existe una iniciativa para aumentar la cantidad de mujeres en la Corte Suprema de Justicia y otros Tribunales colegiados y la Declaración de Emergencia Nacional del Sistema de Promoción y Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la creación de un Consejo Nacional de Emergencia de Violencia de Género y Femicidios. Además, fueron presentados proyectos para fomentar la igualdad de oportunidades de género en la ciencia, innovación y tecnología. Cada uno de los proyectos ya decretados forman parte de un entramado aún más grande: los cimientos de leyes de mayor envergadura que suponen un profundo cambio de paradigma en materia de género. En parte, la fuerza de lo que se logró, se está logrando y se logrará reside en la agitación popular. La democracia funciona lenta y tediosa, pero sin embargo puede, por fin, dar respuestas a las demandas de una sociedad. Y ésta sociedad quiere más. El camino ya está labrado, la consolidación de futuros proyectos es inminente.

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