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La chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos. El empleo en las megagranjas de cerdos.

*Por Economía Feminita

El 6 de julio de 2020 se dio a conocer un comunicado en el que se anunció la inminente firma de un memorándum entre la Cancillería argentina y la República Popular China para instalar megafactorías de cerdos en nuestro país. El texto, que fue modificado en numerosas oportunidades y que en una primera instancia proponía una producción de 9 millones de toneladas de carne porcina que luego se transformaron en 900 mil, generó una reacción de efusivo repudio en la sociedad civil. 

Bajo el lema “basta de falsas soluciones”, grupos ambientalistas e individuos autoconvocados manifestaron su preocupación respecto al potencial impacto ambiental del proyecto. Los motivos para oponerse iban desde la polución y la ausencia de instancias de consulta popular hasta el posible desarrollo de nuevas pandemias. Ante la masividad del reclamo, el gobierno decidió posponer la firma hasta noviembre. Dicha decisión fue anunciada como una oportunidad para incorporar cláusulas ambientales, sin manifestarse ningún tipo de duda respecto a su concreción. 

Al momento de redacción de este artículo ya se han llevado adelante firmas entre empresas con capitales chinos y argentinos y provincias, como Chaco, que dieron el sí a instalar 3 complejos de producción de cerdos en la provincia. Actualmente, Santiago del Estero se encuentra en el mismo proceso. En todos los casos, la Cancillería argentina se encuentra presente en las mesas de negociación por lo que hasta podríamos decir que este acuerdo ya está sucediendo en los hechos. 

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, los desafíos para mitigar su impacto se multiplican día a día. A los componentes críticos de cualquier crisis económica, como reactivar el empleo, sostener el poder adquisitivo y mantener la balanza comercial, se ha sumado una complejidad extra: la naturaleza zoonótica de la pandemia y su vínculo con la estructura productiva.

Ya no es cuestión de pensar a la economía productiva como un muerto que se entierra en el cementerio de mascotas y que después de un tiempo resurge en su forma original. La única ventaja que tenemos hoy es el conocimiento: sabemos que la resurrección es a condición de volver como un zombie malvado. La mayor desventaja es que no está claro cómo hacer otra cosa.

Sin embargo, así como se repitió hasta el hartazgo que salud y economía no son una dicotomía, economía y ambiente tampoco. De hecho, el ambiente y la situación económica son componentes fundamentales de la salud, por lo que ni siquiera es posible pensarlos por separado o por fuera de las políticas sanitarias. 

La ruptura con las concepciones binarias y dualistas para interpretar la realidad son una característica fundacional del pensamiento feminista. Por ello, insistimos con la prioridad de la sostenibilidad de la vida, un concepto que abarca tanto el reconocimiento del rol que tienen las tareas de cuidado en nuestro sistema económico hasta el rechazo a la visión de la naturaleza únicamente como una proveedora de materias primas. Así como consideramos que la crianza es un servicio público, creemos que los recursos naturales son en realidad bienes comunes. De la misma forma que no podemos dividir nuestras vidas privadas entre tareas productivas y reproductivas, tampoco podemos dividir la vida pública entre desarrollo económico e impacto ambiental.

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, ha mencionado en varias ocasiones la necesidad un Green New Deal (GND o nuevo pacto verde) que incorpore la dimensión ambiental a la planificación productiva. Luego de casi un año en el cargo, aún no quedan claros los detalles de este nuevo pacto ni se ha publicado ningún documento oficial al respecto. Sin embargo, tanto el ministro como miembros clave de su equipo se han pronunciado a favor del establecimiento de granjas de producción intensiva de cerdos en el país, sentando una posición que podría considerarse paradigmática respecto a la cuestión debido al impacto mediático del proyecto y la copiosa oposición de la sociedad civil al mismo por sus posibles consecuencias sobre los bienes comunes (que tanto el ministro como su equipo llaman recursos naturales).

Más allá de la claridad para apoyar la producción porcina para exportación, la vaguedad ha dominado el discurso oficial. Declaraciones como “el desarrollo y el ambiente pueden ir de la mano” no encuentran correlato, ya no solo en la falta del plan programático que fuera prometido, sino en la ausencia de cualquier tipo de alusión a medidas de mitigación concretas, como la implementación de alguna tecnología específica o la asignación de recursos para su desarrollo en el ámbito del sistema científico-tecnológico local.

La falta de precisión sobre las implicancias del Green New Deal solo dan lugar a especulaciones, pero por ahora el concepto no apareció ligado al agro en las declaraciones del ministro. Ante la falta de información clara por parte de fuentes oficiales acerca de cómo va a incorporarse la dimensión ambiental en el plan productivo nacional, inferir cómo será la gestión de los bienes comunes a partir de tan pocos recursos rozaría la futurología. Sin embargo, hay un aspecto que puede analizarse en detalle con la información disponible: el tipo de empleo que generarían las granjas de cerdos.

En un artículo de su autoría, Daniel Schteingart, Director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo, sostuvo que “se estima que las granjas porcinas crearán directamente 9.000 empleos de calidad, a los cuales hay que sumarles miles de empleos indirectos asociados a las actividades de logística, comercialización, construcción de los galpones, y producción de insumos, maquinarias y servicios intensivos en conocimiento”. Veamos entonces qué significa calidad en este contexto.

A.R.T (A Riesgo Tuyo)

Según el último informe sobre los trabajadores agrarios de nuestro país realizado en 2014, más de la mitad no está registrado. El 65% tiene un día o menos de descanso semanal y un 7% de ellos no cuenta con pausas durante la jornada laboral. En este caso, no usamos el masculino como universal sino por el hecho de que se observa que la población de trabajadores es predominantemente masculina (86,7% del total). Casi 9 de cada 10 trabajadores agrarios son varones y tienen un promedio de edad de 37,6 años.

Por otro lado, casi el 20% de los trabajadores del sector realiza empleo nocturno, lo que suele afectar patrones de sueño y descanso, generando diversas complicaciones para la salud. Además, más del 76% de los trabajadores agrarios están expuestos a muy bajas temperaturas y más del 87% a altas temperaturas. Teniendo en cuenta que el 83% de ellos realiza el trabajo a la intemperie, dicha situación resulta en alteraciones en la piel y alteraciones respiratorias.

Otro problema que enfrentan a diario los trabajadores agrarios es la fuerte exposición a riesgos químicos. Dicha situación resulta en muchos casos en irritación de mucosas y otros problemas de salud. Más de la mitad de los trabajadores reporta estar en contacto con sustancias químicas potencialmente peligrosas. Por otro lado, casi el 30% percibe que su ocupación tiene relación directa con afecciones de salud.
 


Sumado a esto, la provisión de elementos de protección personal (EPP) es menor en la población femenina y trabajadores transitorios así como la cobertura en materia de riesgos del trabajo. Incluso más del 80% de los trabajadores de ambos sexos reconoce no haber recibido capacitación en materia de salud y seguridad en el trabajo.

La mayoría de ellos no solo no cuenta con la información básica con respecto a la labor que llevan a diario, sino que, además, más de la mitad de los trabajadores refiere no estar cubierto por una ART. Este dato es problemático, entre otras cosas porque no se tienen las herramientas de lucha sindical para contrarrestar dicha situación. En este sentido, se  reporta que tienen poca representación gremial y no están organizados. Casi el 90% de ellos dice no estar representado gremialmente. Con respecto a la afiliación sindical, el porcentaje (21%) es bajo en comparación a otras actividades económicas.

En cuanto a los riesgos laborales de la cría de ganado porcino incluyendo aquella realizada en cabañas, en el año 2019 se registraron 347 siniestros de trabajo, de los cuales 336 requirieron baja laboral y 2 resultaron mortales. En cuanto a la naturaleza siniestral, más de la mitad se corresponde con contusiones, principalmente traumatismos de la rodilla y la pierna seguidas por traumatismos en la muñeca y la mano. Respecto a las enfermedades profesionales, preponderaron las dorsopatías y los trastornos del oído interno. 

Estos datos se corresponden con los del sector de agricultura, ganadería y pesca, que en el primer trimestre de 2020 reportó 7558 siniestros, de los cuales 357 tuvieron secuelas incapacitantes. 2168 se correspondieron con caídas de personas y 1992 con pisadas, choques o golpes por objetos que generaron 2895 contusiones, la mayoría en los miembros superiores e inferiores. 

Según el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral de 2019, el índice de incidencia de accidentabilidad general fue de 5.28%. En el caso de la cría de ganado porcino fue de 7.9% para criaderos exceptuando cabañas y de 10.8% para cría en cabañas, duplicando el general. En referencia a esta información, es necesario hacer algunas salvedades, como el subregistro debido a la informalidad del sector y la dificultad para tipificar las enfermedades profesionales psiquiátricas. 

En todo caso, estos valores cobrarán especial importancia si, de instalarse las megafactorías, se pudiera hacer una serie comparada entre tipos de cría y siniestralidad. Por lo pronto, sabemos que aquello que llaman empleo de calidad es, en principio, una actividad que en algunos casos dobla la siniestralidad laboral promedio y sin la cobertura de riesgos que establece la ley.


Bienvenidos a la Universidad Bovina

“Si los mataderos tuvieran paredes de cristal nadie comería carne” es un slogan emblema de la lucha antiespecista. En esta referencia a la crueldad, el foco está puesto sobre cómo elegimos ignorar la brutalidad que la industria ganadera ejerce sobre los animales no humanos. Es frecuente que califiquemos a los videos que muestran el interior de las granjas como morbosos o golpes bajos, reduciendo a un recurso retórico la exposición de la realidad de una cadena productiva. Sin embargo, poco nos preguntamos acerca de la crueldad hacia las personas que esos establecimientos emplean. ¿Por qué pensamos que alguien querría trabajar en un lugar que nosotros ni siquiera queremos ver? ¿Puede haber empleo de calidad en un espacio con olor a excrementos y sangre donde el sonido ambiente son chillidos de agonía?

En una primera aproximación a estas respuestas, la desensibilización atribuida a los trabajadores de la ganadería surge como lugar de sentido común: “están acostumbrados”, “nacieron carneando terneros”. La primera objeción es simple: no es lo mismo criar un animal en un entorno familiar y faenarlo que operar un martillo neumático o cortar yugulares 100 veces por día. Pero hay otra que permanece en el orden de lo subliminal y tiene que ver con la estigmatización de las poblaciones rurales y los sectores demográficos a los que apunta un proyecto como las megafactorías porcinas, con gran participación indígena y marrón.

La caracterización de personas de determinadas etnicidades, clases sociales o géneros como insensibles y ligadas a la animalidad mediante adjetivos como “bruto” o “bestia” es moneda corriente. Si bien esto no puede explicar cabalmente el fenómeno, este es un factor a tener en cuenta a la hora de pensar en cuáles son los mecanismos colectivos que operan cuando consideramos que, para una comunidad dada, ser empleada en tareas que para las clases medias y altas resultarían repulsivas, es en realidad un beneficio.

Si bien es cierto que el problema de las clases vulneradas haciendo trabajos que personas de otros estratos no estarían dispuestas a hacer no se puede acotar a las granjas de cerdos, hay dos factores específicos a tener en cuenta respecto a la faena porcina: por un lado, su necesariedad como bien social y, por el otro, su necesidad de ejercicio de la violencia.

Respecto al primer punto, la calidad del empleo no solo debe ser medida en términos de lo que proporciona a los trabajadores individuales en cuanto a condiciones laborales y poder adquisitivo, sino en términos de valor social de aquello que se produce. ¿Podemos llamar empleo de calidad a una industria alimenticia que no solo es contaminante, sino que invierte gran cantidad de recursos de forma ineficiente en cuanto a la calidad nutricional de su producto? Dicho de otra manera, ¿realmente necesitamos producir carne de cerdo?

En este sentido, trabajos como el de la Comisión EAT de The Lancet acerca de la Dieta de la Salud Planetaria han evaluado los métodos de producción de alimentos pensando en que se debe garantizar de manera sostenible una dieta saludable para las 10 mil millones de personas que van a habitar el planeta en 2050. Las conclusiones son contundentes: se necesita al menos un 50% de reducción en el consumo mundial de alimentos menos saludables como las carnes rojas y los azúcares añadidos. La dieta propuesta es flexitariana, basada en alimentos de origen vegetal y que ocasionalmente puede incluir cantidades modestas de pescado, lácteos y otras carnes. 

El empleo de calidad en la industria alimenticia, entonces, sería aquel que se produjera en términos de un plan productivo de alimentos relacionado con un concepto integral de salud de las poblaciones.

Respecto a la violencia, la masculinización del sector nos da un puntapié para pensar en otro estereotipo de la demografía de los trabajadores porcinos. La necesidad de ejercer violencia completa la deshumanización anteriormente mencionada.

Si estos fueran realmente empleos de calidad, desde una posición feminista podríamos interesarnos en argumentar que las mujeres también somos capaces de matar a sangre fría para reclamar nuestro acceso a esos puestos de trabajo. Sin embargo, aunque probablemente sea cierto, es inimaginable luchar por el acceso a la violencia. Por un lado, porque los movimientos feministas no se han caracterizado por la lucha violenta, y, por otro, porque la posición mayoritaria es que esa obligación de violencia e insensibilidad es un modo de opresión para los varones.

En cuanto a la relación entre feminismos y producción ganadera, el tema se ha abordado desde lo que llamamos feminismo antiespecista, del que “La política sexual de la carne” de Carol J. Adams podría considerarse obra fundacional. Si bien ha habido declaraciones por parte de feministas de esta corriente afirmando cosas como “comer carne es machista”, esta no es la interpretación que se impone sobre sus postulados (al parecer de estas autoras, además de incorrectas, este tipo de afirmaciones son contraproducentes para la generación de acuerdos en un movimiento diverso). 

Tal como el ecofeminismo ha establecido lazos entre la explotación de los bienes comunes y la opresión por razones de género, el feminismo antiespecista encuentra puntos en común entre la explotación animal y el androcentrismo. Fundamentalmente, busca visibilizar que los discursos que habilitan y promueven el consumo de carne están armados de tal forma de velar la violencia ejercida, que pasa a ser subliminal e invisible, tal como sucede con la violencia machista.

La propuesta, sin embargo, no es equiparar las violencias, sino mostrar que un horizonte emancipatorio debe considerar la igualdad en sentido amplio y que no podemos pensar en una sociedad igualitaria si concebimos nuestro camino hacia ella como el arte de seleccionar entre un montón de modos de opresión.

** Agradecemos a Maitena por autorizar el uso de sus ilustraciones para esta nota

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