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Presupuesto con perspectiva de género: un tema fuera de agenda

Por Magalí Brosio y Violeta Guitart 

A pesar de que aún no es una práctica demasiado difundida en nuestro país, los presupuestos con perspectiva de género (o gender budgeting) han estado en la agenda de los organismos internacionales por muchos años. El objetivo final de esta es garantizar que se tengan en cuenta en todo el proceso los impactos diferenciados que los distintos gastos previstos tienen sobre las mujeres, y que puedan pensarse métodos de evaluación que permitan dilucidar si estos están contribuyendo a avanzar en el camino de la igualdad de género o por el contrario, implican un retroceso. Desde hace tiempo se sabe que la perspectiva de género puede tener impactos considerables en los procesos económicos. Basta mencionar, por ejemplo, que según algunos estudios si la mujer tuviera la misma participación que el hombre en el mercado laboral, el PBI crecería automáticamente un 5% en el caso de Estados Unidos, un 13% en la Eurozona y 14% en Latinoamérica donde las mujeres presentan mayores asimetrías con respecto a los varones.

Dado que en Argentina no existe ningún tipo de protocolo que advierta acerca de la necesidad de tener en cuenta estos aspectos en los procesos de elaboración de los presupuestos, los únicos análisis que pueden llevarse a cabo están limitados a aquellos que ya fueron presentados públicamente. Este hecho presenta un primer problema ya que las únicas conclusiones que pueden obtenerse están acotadas a los programas, áreas o instituciones vinculadas específicamente con las mujeres, desconociendo que el resto de los gastos puedan tener repercusiones disímiles entre estas y los varones. Así, la gran mayoría del Presupuesto Nacional para el año próximo se torna inescrutable lo cual no permite prever el impacto que un recorte o aumento en una partida puede tener sobre la igualdad de género, tal como fue analizado en una mesa de discusión sobre Presupuesto y Género organizada en octubre de 2016 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y por el International Budget Partnership (IBP).

A este primer e importantísimo obstáculo se le suma un segundo, y es la escasa desagregación de datos que presenta el Presupuesto Nacional incluso en relación a estas áreas o programas “mujer” mencionadas previamente, limitando aún más cualquier análisis que pretenda a hacerse sobre esta materia (ACIJ, por ejemplo, identificó 18 programas nacionales vinculados con los derechos de las mujeres, pero sólo logró acceder a información de 3 de los mismos ya que las partidas no se encuentran desagregadas). De esta manera, la situación actual que presenta la Argentina está muy lejos de la deseable: no sólo no se tiene en cuenta la perspectiva de género en la elaboración y debate de los presupuestos sino que resulta casi imposible realizar análisis amplios sobre las decisiones tomadas en el pasado que permitan llevar a cabo los ajustes necesarios para corregir progresivamente los resultados no deseados que puedan desprenderse de los distintos esquemas de gasto posibles.

A pesar de las serias limitaciones ya mencionadas, la escasa información que pudo analizarse da cuenta de un panorama complejo para el año próximo. Ejemplo de ello es el presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que fue de $ 3,85 por mujer para el año 2016 ($ 83.929.846 en total), y se incrementará apenas a $ 6,96 en el año 2017 ($151.556.786) (valor que incluso se logró alcanzar luego de un reclamo realizado por las participantes de la mesa, ya que la cifra original era de $ 96.500.250 o $ 4,43 por mujer). Vale la pena destacar también que este aumento se encuentra por debajo de la inflación estimada para el período. De esta manera, el gasto previsto por mujer para este organismo está por debajo de, por ejemplo, el costo de un pasaje de transporte público en  la mayoría de las provincias argentinas. Esta situación se agrava si consideramos que además el organismo presenta históricamente cifras elevadas de subejecución de su presupuesto. En particular, hasta octubre del año 2016 sólo se había ejecutado un 14,5% del monto original sancionado para el organismo. En este mismo sentido se expidió Dubravka Šimonović, la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU, quien recientemente aconsejó al Gobierno que otorgue rango ministerial al CNM y lo instó a incrementar la partida presupuestaria asignada, al igual que lo había hecho días antes la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) en su informe sobre Argentina.

Para avanzar en el camino hacia la igualdad de género es necesario que los presupuestos cuenten con un nivel de desagregación que permita evaluar los impactos de los mismos en términos de género. No obstante, es igual de importante que la perspectiva de género esté presente durante todo el proceso de formulación del presupuesto, aunando los conocimientos sobre desigualdad de género con los de finanzas públicas y de programas del sector público. De igual forma, sería sumamente enriquecedor para ese proceso que el mismo sea realizado en permanente diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, las cuales en muchos casos han pasado muchos años realizando contribuciones teóricas y prácticas con respecto a estas problemáticas.

 

*Esta nota es una actualización de una originalmente publicada en La Nación.

  • Magalí Brosio es Licenciada en Economía (UBA) y MSc. in Applied Labour Economics for Development (University of Turin / SciencesPo). Docente en “Género y Economía” (FCE-UBA). Co-editora y co-fundadora de EcoFemini(s)ta.
  • Violeta Guitart es  Licenciada en Economía (UBA). Alumna de Maestría en Desarrollo Económico (UNSAM). Co-editora de Economía Femini(s)ta.

 

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