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‘Stop the Tampon Tax’: un impuesto que discrimina

Por Violeta Guitart para Perfil 

 

Las exenciones al IVA en la Argentina abarcan un amplio abanico de bienes y servicios. Productos como libros, leche o agua, y servicios como salud o educación están eximidos de la obligación de pagar este impuesto. Ello se debe a que se considera que la exención del IVA, al permitir que el precio del producto en cuestión sea menor, posibilita que la población acceda en mejores condiciones a bienes y servicios considerados de primera necesidad o cuyo consumo resulta de interés público fomentar. No obstante, muchísimos elementos básicos como arroz, huevos o fideos no gozan de este beneficio impositivo, y algunos de ellos presentan una exención de tan sólo el 10,5% (como es el caso del pan o la harina). Entre los ítems excluidos de estas exenciones están los productos vinculados con la gestión menstrual.

Alrededor de diez millones de personas en Argentina menstrúan todos los meses. La mayor parte sólo conoce las toallitas y los tampones como método para gestionar su menstruación (son los únicos que se publicitan). Si bien existen alternativas como la copa menstrual, ropa interior absorbente o las toallitas de tela, la realidad es que sólo una minoría tiene acceso a esta información, y sus cualidades y formas de uso tienen muy poca difusión. Acceder a los métodos más usuales de gestión menstrual costará durante 2017 entre 700 y 1.000 pesos, monto que se acerca al de una Asignación Universal por Hijo. Esto, que aparentemente corresponde al mundo de lo privado, debería ser un asunto a considerar por el Estado en la formulación de sus políticas dado que tiene consecuencias en diversos planos que hacen a la vida social.

De acuerdo con datos recolectados por Economía Femini(s)ta para la campaña #MenstruAcción, la falta de acceso a productos de gestión menstrual tiene efectos muy negativos en términos de desigualdad, fundamentalmente por su impacto en la educación, en la salud y en lo ambiental. El Banco Mundial estima que se pierde entre el 10% y el 20% de los días de clase por la falta de acceso a estos productos y por instalaciones sanitarias deficientes en las escuelas. Con respecto a la salud, la no disponibilidad de métodos higiénicos lleva a que muchas personas recurran a prácticas insalubres, aumentando el riesgo de infecciones de cuello de útero e infertilidad.

Un factor que debe ser tenido en cuenta es que, si bien la provisión de estos productos es muy importante, éstos tienen impactos ambientales, en particular en términos de generación de residuos. De hecho, en Argentina se producen anualmente 132 mil toneladas de basura no reciclable ni biodegradable provenientes de estos productos. Sumado a esto, se descubrió que el 85% de las toallitas y tampones vendidos en Argentina contienen glifosato (y no se han realizado estudios sobre su posible impacto en la salud). Por estos factores es importante que se promueva el uso de métodos alternativos, aunque la provisión de toallitas y tampones debería estar también asegurada.

En la Argentina, las mujeres enfrentan diversas formas de desigualdad: la brecha salarial por género es del 27%, las tasas de precarización laboral y de desempleo son superiores a las de los hombres (en particular para las mujeres jóvenes) y, además, presentan mayores niveles de pobreza. Si sumamos el hecho de que para acceder a los productos de gestión menstrual (que son de primera necesidad) hay que pagar un impuesto, ello termina redundando en que se discrimina a la mujer por el mero hecho de serlo.

De acuerdo con la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la legislación internacional establece que los Estados son responsables de garantizar el goce pleno de los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo. Ello implica que cuando un gobierno implementa políticas de recaudación impositiva, es también responsable de garantizar que ninguna acción u omisión en esta área pueda discriminar o perpetuar la discriminación o la desigualdad, sea de forma directa o indirecta, a ningún individuo o grupo (por razones de raza, género, discapacidad o estatus económico o social).

La mencionada discriminación impositiva se ve agravada porque no hay políticas de precios que permitan disminuir el impacto de ese gasto. De acuerdo con un estudio realizado por Mayra Zak y Amalia Arias Gozurreta, el programa Precios Cuidados tiene 15 opciones distintas de champú y 13 de desodorantes, pero sólo una opción de productos de gestión menstrual: toallas higiénicas en un empaque de ocho unidades (que no suele ser el más conveniente, ya que en general resulta más eficiente comprar packs familiares).

Asimismo, mientras que el acceso a productos vinculados con la reproducción se encuentra supuestamente garantizado por la distribución gratuita tanto de preservativos como de anticonceptivos orales, no existe ningún programa estatal que contemple la distribución gratuita de productos de gestión menstrual. Actualmente se encuentran en elaboración proyectos de ley tanto para la provisión gratuita de estos bienes en establecimientos públicos (tales como escuelas, hospitales, cárceles, universidades o refugios, entre otros) como para la eliminación del IVA de los mismos.

Cabe destacar que acciones de este tipo ya han sido aprobadas en otros países. En Nueva york, por ejemplo, se encuentra garantizada la entrega gratuita de toallitas y tampones en escuelas, cárceles y refugios de mujeres bajo la norma “Stop the Tampon Tax”, y en Inglaterra está próximo a aprobarse que todos estos productos queden eximidos de pagar impuestos.

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