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Feminización de la pobreza, pandemia y políticas públicas

La economía a un año de la pandemia 

Por EcoFemiData

Versión extendida de la nota publicada el 09 de mayo de 2021 en Tiempo Argentino, en el marco de una colaboración más amplia con EcoFeminita.

La Argentina ya estaba en crisis económica cuando la pandemia aterrizó hace poco más de un año y hoy, aún lejos de dar por superado el COVID, contamos con datos oficiales que capturan no sólo los efectos del shock que generó la pandemia y su consecuente cuarentena, sino también la profundización de desigualdades estructurales de una economía deteriorada. Vamos a revisar estos datos con la intención de pensar salidas a esta realidad cada vez más excluyente.

La pérdida de puestos de trabajo

El parate productivo se reflejó rápidamente en el mercado de trabajo y los indicadores de actividad y empleo arrojaron, en el segundo trimestre del 2020, los peores resultados desde finales de los ’80 y el 2002, respectivamente. Incluso cuando se detectaron ciertas mejoras hacia el cierre del año, ambas tasas cerraron peor de lo que lo comenzaron. 

Pongámosle números: según el Ministerio de Trabajo, el 2021 empezó con 200 mil trabajadores registrados menos que el año pasado, una cantidad cercana a la población de la ciudad de La Plata. Si bien esto ya prende las alarmas, sólo evidencia lo sucedido en el mercado laboral registrado, donde se pagan aportes jubilatorios y obra social. Si queremos ver un escenario más completo, que incluya el trabajo no registrado, entonces la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC nos indica una diferencia de más de 500 mil personas. De esta manera, podemos ver que la profundización de la crisis económica tuvo un impacto más fuerte en los y las trabajadoras no registradas y  cuentapropistas. 

Esta realidad corrobora lo que ya sabíamos, son las y los trabajadores informales y autoempleados la población más vinculada a la inestabilidad, ya que se encuentra estrechamente sujeta a los vaivenes de la economía en el corto plazo. A su vez, cuando vemos las tasas de desempleo, evidenciamos que son las mujeres menores de 29 años las más afectadas del mercado de trabajo, con un 26% de desocupación que implica que una de cada cuatro de ellas está buscando un empleo y no lo consigue. 

La pérdida de los ingresos

La misma encuesta nos muestra la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Mientras que la masa de ingresos totales de la población creció casi un 20% entre fines de 2019 y fines de 2020, la inflación que tuvo lugar en el mismo período fue del 36%. En tanto los ingresos no pudieron alcanzar a la inflación perdieron en términos reales y esto no cambió en los primeros meses del 2021

Dicho esto, es importante aclarar que todos estos promedios esconden desigualdades, ya que la crisis no afecta a los distintos estratos poblacionales de la misma manera. Es por ello que en esta nota nos centramos en el análisis de un indicador que sintetiza varios de estos aspectos y que se enfoca en quienes más vulnerados ven sus derechos con o sin pandemia: la incidencia de la pobreza

Más pobreza e indigencia

Si bien la manera en la que se mide la pobreza, como toda metodología, no escapa a ciertas arbitrariedades, también hay que reconocer que es una métrica muy útil para seguir la evolución de un fenómeno atravesado por diversas aristas. La metodología oficial comienza por considerar como unidad de estudio a los hogares. Es a través de los hogares que las personas organizamos nuestra vida cotidiana, compartimos estrategias de supervivencia, los ingresos percibidos, los platos de comida, entre otras cosas. 

De esta forma, se crean dos tipos de canastas para cada hogar: una canasta básica alimentaria y una canasta básica total que señalan, respectivamente, las líneas de indigencia y pobreza para cada uno de ellos. Si comparamos los ingresos de cada hogar y sus canastas, se determina si se encuentran en situación de indigencia, en situación de pobreza no indigente, o si no se encuentran en ninguna de estas dos situaciones. Las personas, entonces, se considerarán indigentes o pobres si sus hogares fueron considerados como tales.

La pobreza alcanzó al 35.4% y 35.5% de las personas en la primera y segunda mitad del 2019 mientras que en la primera mitad de 2020 llegó al 40.9% y alcanzó en el segundo semestre un 42%. A este aumento de casi 7 puntos porcentuales en la cantidad de personas en situación de pobreza debe sumarse el hecho de que también aumentó la distancia entre los ingresos y esta línea. Es decir que, en promedio, las personas de este segmento se alejaron más de la posibilidad de cubrir la canasta básica. 

La feminización de la pobreza

Si analizamos estas variables con perspectiva de género, ¿se puede ver una incidencia diferenciada de la pobreza entre varones y mujeres? Para avanzar sobre estas respuestas, incorporando la perspectiva de género y examinando la fuente de la que provienen los ingresos, utilizamos los datos del tercer trimestre de 2020, que es la última base de datos desagregados disponible hasta hoy. Nuestro cálculo de pobreza con estos datos arroja que un 38.9% de las personas se encontraba en situación de pobreza en dicho período.

Esta misma estimación arroja que, dentro de las poblaciones en situación de indigencia y pobreza no se distingue una sobrerrepresentación de las mujeres, y entre las mujeres las tasas de pobreza e indigencia no son particularmente más altas. Pero, ¿por qué las feministas, y particularmente las economistas feministas, hablamos entonces de feminización de la pobreza? La forma de medir es clave en la respuesta. 

La pobreza se calcula tomando los ingresos totales de las familias, no se distingue puntualmente qué personas perciben cada monto y aportan a la suma del hogar. Es algo que, como ya vimos, está justificado porque la metodología reconoce a las estructuras familiares como el espacio en el que se organiza nuestra reproducción cotidiana, pero al mismo tiempo no nos permite hacer un análisis respecto de qué ingresos perciben las mujeres y qué ingresos perciben los varones o de dónde provienen los mismos, ya que la situación de cada persona se define según los ingresos de todo su hogar en conjunto. 

De todas maneras, las mismas encuestas nos muestran una brecha de ingresos de aproximadamente 27% entre varones y mujeres. Es así como, mirando los ingresos que percibe cada persona (y no el hogar completo), puede verse que el 10% de la población de menores ingresos está compuesto en un 63% por mujeres, lo que llamamos feminización de la pobreza, y el 10% de la población con mayores ingresos está compuesto en un 63% por varones, lo que podemos llamar masculinización de la riqueza. 

Por lo tanto, la familia como estructura esconde y resuelve debajo de la superficie (la distribución aparentemente equitativa según los ingresos familiares) la inequitativa distribución del ingreso por género. Esta brecha se explica principalmente por el hecho de que las mujeres realizan el triple de las tareas domésticas y de cuidados que sus pares varones y esto implica dificultades asociadas para que las mujeres puedan participar de forma plena en el mercado de trabajo y, por tanto, percibir ingresos semejantes a los de los varones.

Resolver lo urgente pero no olvidar lo importante

La pandemia trajo aparejada en todo el mundo la discusión sobre las políticas redistributivas y las transferencias hacia los hogares por parte del Estado, ¿tienen efecto los ingresos no laborales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal por Hijo (AUH), etc., para paliar la indigencia, la pobreza y la desigualdad de género? 

Sin considerar los ingresos que la encuesta relevó como provenientes de subsidios o ayuda social que provienen mayormente del Estado, durante el tercer trimestre del 2020, la incidencia de la pobreza sería de un 43.9% en lugar del 38.9% mencionado anteriormente, y la de la indigencia sería de un 18.7% en lugar de un 10.6%. Esto implica que sin estos montos y ningún otro cambio, la pobreza sería de un 12.9% más alta, y la indigencia un 75.5% más

Figura 1. Pobreza e Indigencia con y sin subsidios y ayuda social del Estado.
Fuente: EcoFeminita en base a EPH-INDEC (3er trim 2020)

A su vez, como ya mencionamos, la masa de subsidios se destina mayormente a las mujeres, que son también quienes cuentan con menos ingresos laborales. En el caso de las personas en situación de indigencia o pobreza, alrededor de un 75% del total de subsidios lo reciben mujeres, lo que también deja ver la feminización del grupo de menores ingresos. 

Las transferencias estatales tienen un efecto muy importante en la distribución de los ingresos entre varones y mujeres, sobretodo entre la población indigente. En la Figura 2 se puede observar que, sin los subsidios, además de elevarse la tasa de indigencia, las mujeres de estos hogares estarían percibiendo el 48.8% de los ingresos, en lugar del 57,5% que reciben con los subsidios. 

Al mismo tiempo, son las mujeres de los hogares que no llegan a cubrir la canasta alimentaria las que aportan la mayor parte de los ingresos del hogar. Un efecto similar de los subsidios puede observarse en los hogares que no se consideran indigentes pero sí pobres, ya que sin los subsidios las mujeres estarían percibiendo un 38.6% de los ingresos, y con ellos lo hacen en un 46.1%. Es interesante notar que, una vez que superamos la línea de pobreza, no vemos un efecto significativo de los subsidios en cuanto a achicar brechas de género.

Figura 2. Porcentaje de ingresos percibidos por las mujeres
Fuente: EcoFeminita en base a EPH-INDEC (3er trim 2020)

Al calor de los debates sobre el rol del Estado y la necesidad de políticas redistributivas en el marco de lo urgente, se puede ver el rol de las transferencias de ingresos hacia los hogares que menos recursos económicos poseen. Estas políticas hacen la diferencia para muchas familias, particularmente en términos de la indigencia. Sin las transferencias, los impactos de la pandemia serían mucho más severos, y en ese sentido es importante sostenerlas.

Al mismo tiempo, la urgencia de este tipo de medidas no deben tapar la necesidad de marcar los límites de las mismas. Incluso contando con ellas, alrededor de un 40% de la población no cubre sus necesidades básicas, los estratos de menores ingresos están feminizados y la incertidumbre e inestabilidad acompañan a los y las trabajadoras precarizadas. Las causas de estos problemas son estructurales y exceden al contexto de la pandemia. 

En este sentido, las soluciones o estrategias de mejoras para el largo plazo también deberán ser estructurales más que paliativas y para esto, de mínima, necesitamos discutir y exigir un sistema integral de cuidados, políticas que prioricen la generación de empleo con condiciones dignas y que al mismo tiempo, a la hora de discutir la reactivación económica, fomenten la inserción de mujeres en sectores típicamente masculinizados. 

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